All posts tagged: COVID-19

Medidas tras la entrada en vigor del estado de alarma de 25 de octubre

Ayer, día 25 de octubre de 2020, entró en vigor el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno de España con objeto de frenar el avance del Covid-19.

Según lo publicado en el BOE, las principales medidas que aplican tras este decreto son las siguientes:

Restricción de la movilidad nocturna

Con carácter general, estará limitada la circulación entre las 23:00 y las 6:00, salvo por causas de fuerza mayor y debidamente justificadas. Cada comunidad podrá adelantar o atrasar una hora este horario. Los supuestos que se suponen eximentes son los siguientes:

  • Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad.
  • Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
  • Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.
  • Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.
  • Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades previstas en este apartado.
  • Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
  • Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
  • Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
  • Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para la realización de las actividades mencionadas anteriormente.

Limitación de la entrada y salida en las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía

Se restringe la entrada y salida de personas del territorio de cada comunidad o ciudad autónoma, excepto en estos supuestos:

  • Asistencia a centros sanitarios.
  • Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.
  • Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos.
  • Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.
  • Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
  • Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes.
  • Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.
  • Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.
  • Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
  • Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
  • Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, siempre que sea debidamente acreditada.

Si la autoridad competente delegada que corresponda (comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía) lo considerara oportuno, podrá limitar la entrada y salida de personas dentro de la propia comunidad o ciudad, siempre respetando las excepciones anteriores.

Limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados

Dado que gran número de los casos actuales se dan en el ámbito social y familiar, el estado de alarma regula la permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados como al aire libre, a un máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes. En el caso de las agrupaciones en que se incluyan tanto personas convivientes como personas no convivientes, el número máximo será de seis personas.

Limitación a la permanencia de personas en lugares de culto

Queda limitada también la permanencia de personas en lugares de culto, según el aforo establecido que establezca la autoridad competente para reuniones, celebraciones y encuentros religiosos.

Las últimas 3 medidas serán eficaces si la Comunidad o Ciudad Autónoma correspondiente así lo determina.

Por último, y con base en el artículo 11. b) de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, las autoridades competentes en cada ámbito territorial podrán imponer prestaciones personales de carácter obligatorio que sean imprescindibles para sus sistemas sanitarios y sociosanitarios.

Permaneceremos atentos a cualquier otra medida o modificación para comunicarla con carácter inmediato.

 

Juan Leandro Manchón VázquezMedidas tras la entrada en vigor del estado de alarma de 25 de octubre
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Aprobación del Real Decreto – Ley 16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia

Ayer se aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto – Ley 16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Estas medidas pretenden ser un plan de choque para tratar de agilizar la acumulación de los procedimientos suspendidos una vez se levante la situación del estado de alarma. En este sentido, se habilita el mes de agosto, y también las tardes, para juicios.

Además, ante la previsión de un aumento de empresas que entren en concurso por la crisis, el Real Decreto – Ley ha flexibilizado los plazos y los procedimientos concursales destinados a evitar la liquidación de empresas. Según explica el Real Decreto – Ley, la intención es evitar que empresas que podrían ser viables, se liquiden a causa de la situación actual, destruyendo puestos de trabajo y afectando al tejido productivo.

Respecto a la ampliación de los plazos, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020.

Además, se prevé que, a efectos de la causa legal de disolución por pérdidas, no se computen las del ejercicio 2020. Si el resultado del ejercicio 2021 dejan el patrimonio neto reducido a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio.

También se modifica el convenio concursal: durante el año siguiente a contar desde la declaración del estado de alarma, el concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio que se encuentre en periodo de cumplimiento, o durante los tres meses que sigan a cuantas solicitudes de declaración de incumplimiento del convenio se presenten por los acreedores

En caso de liquidación, durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, el deudor no tendrá el deber de solicitar la liquidación de la masa activa cuando conozca la imposibilidad de cumplir con las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal, siempre que el deudor presente una propuesta de modificación del convenio y esta se admita a trámite dentro de dicho plazo.

Respecto a los acuerdos de refinanciación, durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, el deudor que tuviere homologado un acuerdo de refinanciación podrá poner en conocimiento del juzgado que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar o renovar el acuerdo en vigor aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación. Asimismo, durante los seis meses siguientes a que quede sin efecto el estado de alarma, el juez dará traslado al deudor de las solicitudes de declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación presentado por los acreedores, pero no las admitirá a trámite que pase un mes desde la finalización de dicho plazo de seis meses; en ese mes el deudor podrá poner en conocimiento del juez que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores.

Como siempre, desde Vázquez y Manchón nos comprometemos a manteros informados de las últimas novedades legales y fiscales que se produzcan para paliar los efectos de la crisis por COVID-19.

Sergio Valero AlmodóvarAprobación del Real Decreto – Ley 16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
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Medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo

Tras la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia internacional provocada por el COVID-19 el pasado 11 de marzo y el correspondiente estado de alarma decretado el 14 de marzo, el gobierno se ha visto obligado a reaccionar adoptando medidas urgentes para tratar de amortiguar el impacto de la crisis.

Así, en el BOE de ayer, 22 de abril, se publicó el Real Decreto-Ley 15/2020 de 21 de abril, que recoge una serie de medidas urgentes que refuerzan, complementan y amplían las anteriormente adoptadas y que están destinadas a apoyar a empresas y trabajadores. A continuación resumimos las más relevantes:

MEDIDAS PARA REFORZAR LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

Por un lado, se establece un mecanismo para las moratorias en el pago de alquileres de locales de negocio, tanto para autónomos como para PYMES que hayan visto reducir sus ingresos a causa del cese de actividad total o parcial como consecuencia COVID-19.

Además, se amplía la cobertura de las líneas de crédito del ICO y se permite el aplazamiento de las cuotas de los préstamos concedidos por el IDAE en el marco de sus programas de subvenciones o ayudas reembolsables.

MEDIDAS PARA PROTEGER A LOS CIUDADANOS Y EL EMPLEO

Para seguir dando cobertura a aquellas personas que no tengan derecho a la prestación por desempleo, se amplía la cobertura de dicha prestación a los trabajadores cuyos contratos hayan sido extinguidos durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo desde el 9 de marzo o aquellos que lo hayan extinguido voluntariamente desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que haya decaído a causa del cese de actividad.

También se modifica la regulación de los ERTEs por causa de fuerza mayor, de forma que puedan cubrirse las reducciones significativas de actividad en aquellos sectores considerados esenciales que se hayan podido ver afectados económicamente a causa de las medidas de reducción de la movilidad. Según esta modificación del artículo 22 del Real Decreto-Ley de 8/2020 de 17 de marzo, estos ERTEs pueden ser a tiempo parcial, y pueden no extenderse a toda la plantilla.

Asimismo, se establecen medidas para reforzar la protección de los trabajadores fijos discontinuos y se amplía la cobertura establecida en el Real Decreto-ley 8/2020 a aquellos trabajadores que no hayan podido reincorporarse a su actividad en las fechas previstas como consecuencia de la declaración de estado de alarma. También a aquellos que no cumplen el requisito de situación legal de desempleo, o que no pueden acceder a la prestación por desempleo por no contar con el periodo de cotización necesario.

También se prorroga durante dos meses el trabajo a distancia como modalidad preferente, además del derecho de reducción de jornada y de adaptación del horario como medida para favorecer la conciliación personal y laboral.

Respecto a los trabajadores por cuenta propia, contaban con plazo hasta junio de 2019 para realizar la gestión de determinadas prestaciones de la Seguridad Social a través de alguna Mutua colaboradora. Aquellos autónomos que no lo hicieron, pueden optar con este real decreto-ley por acogerse a una Mutua en el momento de solicitar el cese de actividad, y garantizar así que esta nueva entidad pueda reconocerles el derecho y facilitar los trámites como la baja por incapacidad temporal o accidente de trabajo.

MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR AGRARIO

En cuanto al sector agrario, también se establecen medidas destinadas a protegerlo, dada la importancia que tiene en el tejido económico.

Por ello, se establecen reformas para incluir las actividades agrícolas en el sistema especial, facilitando el acceso a las garantías sociales de los pequeños agricultores.

Con esta reforma, se fomentan las explotaciones familiares de carácter agrícola, prestando especial atención a la incorporación de jóvenes y mujeres para el desarrollo de la actividad agraria en el futuro.

MEDIDAS FISCALES

En cuanto a tipos impositivos de IVA, se cambia al 0% (operaciones exentas en factura) para el material sanitario y al 4% para libros, periódicos y revistas digitales.

En cuanto a los pagos fraccionados:

a) Del Impuesto sobre Sociedades, se permite que los contribuyentes con un volumen de operaciones en el ejercicio anterior inferior a 600.000 euros calculen dicho pago del período 1P 2020 según la opción prevista en el apartado 3 del artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Para contribuyentes que tengan una cifra de negocios entre 600.000 y 6.000.000 de euros, podrán hacer este cálculo del artículo 40.3 en el pago fraccionado del 2P 2020. Para los contribuyentes que no hayan podido ejercer la opción de acuerdo con lo anterior y cuyo importe neto de la cifra de negocios no sea superior a 6.000.000 de euros, se prevé que la opción pueda realizarse en el plazo del pago fraccionado que deba presentarse en los 20 primeros días del mes de octubre de 2020, determinado, igualmente, por aplicación de la citada modalidad de base imponible. Esta medida no será de aplicación para los grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal.

b) En el método de estimación objetiva del IRPF y y en el régimen simplificado de IVA, para su cálculo no computarán en cada trimestre natural, como días de ejercicio de la actividad, los días naturales en los que hubiera estado declarado el estado de alarma en dicho trimestre.

Además, se flexibiliza la renuncia a dichos regímenes y la revocación de dicha renuncia.

Desde Vázquez y Manchón queremos trasladaros nuestros conocimientos y las últimas medidas que pueden afectar a empresas y autónomos, siempre en base a las leyes decretadas y a nuestra experiencia profesional. ¡Contacta con nosotros!

Juan Leandro Manchón VázquezMedidas urgentes para apoyar la economía y el empleo
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La labor de las gestorías en tiempos de Coronavirus

Durante estos días, no nos resultan ajenos ni desconocidos términos como “ERTE”, moratorias, actividades esenciales… A raíz de la crisis del coronavirus, el gobierno ha aprobado muchas medidas para minimizar el impacto en la economía pero protegiendo la salud de los ciudadanos al mismo tiempo.

Dichas medidas no siempre resultan fácilmente comprensibles para la población general, y resulta de gran importancia que lleguen especialmente a los trabajadores por cuenta ajena y a los autónomos. Por eso, en estos casos, los gestores administrativos cuentan con un papel fundamental en estos tiempos de coronavirus; no solo para comprender mejor las medidas que nos afectan, sino también para poder aplicarlas correctamente en nuestro día a día o el de nuestra empresa.

En Vázquez y Manchón, permanecemos al lado de nuestros clientes, especialmente los del sector agrario que tan necesarios son para garantizar el abastecimiento y la producción.

¿Qué soluciones puedes encontrar con nosotros?

Asesoramiento y gestión de la actividad económica

En Vázquez y Manchón ayudamos tanto a autónomos como a empresas a cumplir con las obligaciones administrativas, que siguen en vigor aunque cuenten con aplazamientos fiscales. Aconsejar a nuestros clientes sobre cuándo pagar los impuestos aplazados, facilitarles los trámites o solucionar las dudas en materia fiscal y laboral, son algunas de las cosas que podemos hacer por ellos.

Además, teniendo en cuenta la situación, te asesoraremos respecto a cómo presentar tu declaración de la Renta; al no poder hacerlo de forma presencial.

Información actualizada

La crisis del Covid-19 y su incertidumbre está provocando modificaciones y añadidos en la legislación que cambian a la misma velocidad a la que se van desarrollando los acontecimientos. La parada y reanudación de actividades no esenciales, las prestaciones por cese de actividad, los paquetes de medidas para empresas y autónomos…Desde Vázquez y Manchón tenemos el firme compromiso de actualizar la información respecto a las medidas que se vayan tomando, y manteneros informados de cualquier modificación que se produzca.

Asesoramiento laboral

Si eres empresario con trabajadores a tu cargo, te asesoramos sobre cómo gestionar cuestiones delicadas como la solicitud de cese de actividad o la aplicación de ERTE en tu empresa, para evitar imprevistos legales y ayudarte a mirar con ojos críticos tus posibilidades.

Como ves, son muchos los ámbitos en los que puedes contar con nuestros profesionales. Estaremos encantados de ayudarte en estos tiempos difíciles. ¡Llámanos!

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Compatibilidad entre prestaciones por el cese de actividad

El Real Decreto – Ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al COVID-19, establecía la incompatibilidad del cese de actividad con cualquier otra prestación percibida a través del sistema de la Seguridad Social.

Sin embargo, el Real Decreto – Ley 13/2020 de 7 de abril, incluye entre sus disposiciones una modificación del Real Decreto – Ley 8/2020, de 17 de marzo.

Según dicha modificación, esta prestación será compatible con cualquier otra prestación de la seguridad social que el beneficiario viniera percibiendo y fuera compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.

Las únicas excepciones son aquellos casos de prestación por incapacidad temporal, por maternidad y por paternidad.

Desde Vázquez y Manchón tenemos el firme compromiso de manteneros informados de esta y otras modificaciones que puedan darse en este escenario tan cambiante. No dudes en consultarnos.

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Medidas urgentes para el sector agrario

La situación de crisis generada como consecuencia del COVID-19, además de al conjunto de la sociedad, ha afectado profundamente a ciertos sectores productivos, especialmente el sector terciario.

Junto a la reducción de la actividad económica, y la consiguiente disminución de la renta en muchas familias, también se está produciendo  un hecho preocupante para el sector agrario: la disminución de la mano de obra temporera en los campos españoles. Esta disminución obedece a dos factores: por un lado, la imposibilidad de viajar de los temporeros por restricciones sanitarias en sus países de origen a la hora de viajar; por otro lado, las precauciones adoptadas por los mismos trabajadores ante el avance de la pandemia.

Ante esta situación, y a fin de garantizar el normal aprovisionamiento de los mercados, la sostenibilidad agraria, y las mejoras en los ingresos de aquellos que se encuentran en situación de desempleo o cese de actividad; el gobierno ha decretado una serie de medidas urgentes de carácter temporal.

Estas medidas, aprobadas en Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril y recogidas en el BOE de 8 de abril de 2020, tienen por objeto favorecer la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario a través de medidas extraordinarias de flexibilización del empleo. Estas medidas son necesarias para asegurar el mantenimiento de la actividad agraria, y estarán en vigor durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, siendo de aplicación temporal hasta el 30 de junio de 2020.

Esta medida afectará a todos aquellos contratos laborales de carácter temporal siempre que sea para desarrollar actividades por cuenta ajena y dependencia en explotaciones agrarias, independientemente de la ocupación habitual del empleado; siempre que la firma y finalización estén comprendidas en el período indicado anteriormente.

¿Quiénes pueden ser los beneficiarios de estas medidas?

Podrán beneficiarse de las medidas de flexibilización temporal, las personas que a la entrada en vigor del real decreto-ley, estén en alguna de las situaciones que se mencionan a continuación:

  • Personas que se encuentren en situación de desempleo o cese de actividad.
  • Trabajadores cuyos contratos se hayan visto suspendidos de forma temporal como consecuencia del cierre temporal de la actividad.
  • Trabajadores migrantes cuyo permiso de trabajo concluya en el periodo comprendido entre la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y el 30 de junio de 2020, cuya prórroga se determinará a través de instrucciones de la Secretaría de Estado de Migraciones.
  • Jóvenes nacionales de terceros países, que se encuentren en situación regular de entre los 18 y los 21 años.

Además, podrán ser beneficiarios de las medidas de flexibilización aprobadas por este real decreto-ley las personas que residan en lugares próximos a donde se tenga que desarrollar el trabajo. Se entenderá por proximidad el hecho de que el domicilio o lugar de pernoctación del trabajador mientras dure la campaña esté en el mismo término municipal o en términos municipales limítrofes del centro de trabajo.

Compatibilidad de prestaciones laborales

En cuanto a la compatibilidad de las retribuciones percibidas por la actividad laboral que se desempeñe en el marco de estas medidas extraordinarias de flexibilización del empleo establecidas en el presente real decreto-ley serán compatibles en los siguientes casos:

a) Con el subsidio por desempleo regulado en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, según el cual se regula el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. También con la renta agraria regulada en el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura.

b) Con aquellas prestaciones por desempleo que se deriven de la suspensión por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, con arreglo a lo previsto en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; excluyendo aquellas que tengan su origen en las medidas previstas en los artículos 22, 23 y 25 el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

c) Con cualquier otra prestación por desempleo regulada en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

d) Con las prestaciones por cese de actividad motivadas por las causas previstas en el artículo 331 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con exclusión de aquellas que tengan su origen en la medida prevista en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

e) Con cualquier otra prestación de carácter económico o cualquier otro beneficio o ayuda social, otorgada por cualquier Administración que sea incompatible con el trabajo, o que, sin serlo, como consecuencia de la percepción de ingresos por la actividad laboral se excederían los límites de renta señalados en la normativa correspondiente al tipo de prestación.

Las retribuciones percibidas por la actividad laboral que se desempeñe en el marco de estas medidas extraordinarias de flexibilización del empleo establecidas en el presente real decreto-ley serán incompatibles en los siguientes casos:

a) Con las prestaciones económicas de Seguridad Social por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

b) Con las pensiones de incapacidad permanente contributiva, salvo los supuestos de compatibilidad previstos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

c) Con la prestación otorgada por el nacimiento y cuidado de menor de la Seguridad Social, si bien, salvo por lo que respecta al periodo obligatorio de la madre biológica a continuación del parto el periodo obligatorio, o la parte que restara del mismo, se podrá disfrutar desde el día siguiente a la finalización de las prestaciones previstas en el presente real decreto-ley.

Los ingresos obtenidos por esta actividad laboral no se tendrán en cuenta a efectos de los límites de rentas establecidos para las prestaciones contributivas o no contributivas de la Seguridad Social, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas.

En cuanto a las obligaciones del empresario, deberá asegurar en todo momento la disponibilidad de medios de prevención apropiados frente al COVID-19.

Desde Vázquez y Manchón, os mantendremos informados de todas las novedades que puedan producirse a este respecto, para poder asesoraros lo mejor posible en materia laboral.

Juan Leandro Manchón VázquezMedidas urgentes para el sector agrario
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Nuevas medidas en materia laboral a raíz del COVID-19

Desde Vázquez y Manchón tenemos el firme compromiso de informar con rigor sobre las últimas medidas en materia laboral aprobadas con motivo de la crisis por COVID-19.

Según lo establecido en el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, se prohíbe a las empresas extinguir el contrato de trabajo o despedir basándose en causas de fuerza mayor o económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada relacionadas con el COVID-19 recogidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Por otra parte, ante la medida del Gobierno de restringir aún más la circulación de personas paralizando cualquier actividad todavía no suspendida por el estado de alarma (menos las esenciales) hasta el 9 de abril incluido, el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, regula un permiso retribuido recuperable para los trabajadores por cuenta ajena, con las siguientes características:

  • Es de carácter obligatorio y su duración se establece desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril (ambos incluidos).
  • Los trabajadores conservarán el derecho a la retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicio, incluyendo el salario base y los complementos salariales.
  • La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.
  • En caso de fuerza mayor y si es necesario, se podrá establecer un número mínimo de plantilla indispensable con el fin de mantener la actividad.

Según la Orden SND/307/2020, de 30 de marzo, la restricción de 2 semanas de confinamiento sólo se aplica a trabajadores por cuenta ajena, por lo que no será de objeto de aplicación a los trabajadores por cuenta propia que presten servicios indispensables y necesarios para el correcto desarrollo de actividades esenciales (por ejemplo, limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia).

Además, según lo aprobado en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se establecen las siguientes medidas respecto al plazo de los pagos a la Seguridad Social por parte de empresas y trabajadores por cuenta propia:

  • Por un lado, se otorga a aquellos que lo soliciten y cuya actividad no haya sido suspendida por el estado de alarma una moratoria de seis meses, sin interés, del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.
  • Por otro, podrán solicitar el aplazamiento de sus deudas con la Seguridad Social que venzan entre abril y junio de 2020, siempre y cuando no tengan en vigor otro aplazamiento.

Seguiremos informando sobre nuevas medidas conforme vayan siendo anunciadas para manteneros al día de cualquier acontecimiento relevante que afecte al desarrollo de la actividad empresarial y profesional.

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Medidas urgentes decretadas para minimizar el impacto del Covid-19

A raíz de las nuevas medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 adoptadas por el Gobierno de España durante los últimos días, desde Vázquez y Manchón queremos hacer un repaso por las más relevantes para autónomos y empresas.

Medidas extraordinarias para autónomos

Los trabajadores por cuenta propia podrán solicitar la prestación extraordinaria por cese de actividad, según lo que establece el RD-LEY 8/2020 de 17 de marzo.

A este respecto, pueden darse dos tipos de situaciones:

  1. Los autónomos que realicen actividades suspendidas por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo de 2020.
  1. Los demás que vean reducida su facturación en al menos un 75%, en relación con el promedio del semestre anterior. En este supuesto, con la solicitud deberá demostrarse dicha disminución en facturación.

Para ambos supuestos, se establecen una serie de particularidades:

  • La duración de la prestación es de un mes, que se podrá ampliar si se prorroga el estado de alarma hasta el último día del mes en el que este finalice.
  • La cuantía de la prestación se calculará aplicando el 70% a la base reguladora de los últimos 12 meses. Si el autónomo no tuviera un periodo mínimo de cotización, el cálculo se realizará aplicando el 70% a la base mínima de cotización para los autónomos, que actualmente es de 944,40 €.
  • El tiempo durante el que se perciba la prestación se entenderá como cotizado, aunque no se tendrá la obligación de cotizar.
  • Los autónomos que perciban la prestación por cese de actividad no tendrán que abonar sus cuotas de la Seguridad social mientras dure la prestación.
  • La prestación es INCOMPATIBLE con otra prestación de la seguridad social.
  • Para solicitar esta prestación, no será necesario causar baja en la Seguridad Social y tampoco se necesita tener un periodo mínimo de cotización.

El principal requisito para acceder a la prestación es estar afiliado y en situación de alta en la seguridad social a fecha de 14 de marzo de 2020.

Medidas urgentes y extraordinarias en materia laboral

El mismo Real Decreto prevé la flexibilización de ERTES (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) para suspender o reducir las relaciones laborales durante un tiempo, sobre todo por causa de fuerza mayor: cuando el estado de alarma implique suspensión o cancelación de actividades. Entre sus ventajas, aparte de la agilización del trámite:

  • Para la empresa, se exonera de su obligación del pago de cuotas de la Seguridad Social;
  • Para el trabajador, ese período tendrá la consideración de cotizado y a la vez tendrá derecho a la prestación por desempleo.

Para poder aplicar estas ventajas, se requiere que la empresa se comprometa a mantener al empleado afectado de alta un mínimo de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

No obstante, un ERTE bajo las presentes circunstancias no es la única opción, ya que la legislación actualmente prevé varias alternativas.

Plazos tributarios

Los plazos de presentación e ingreso de las autoliquidaciones y los plazos de presentación de las declaraciones informativas no se ven afectados a día de hoy por la suspensión de plazos regulados en el Real Decreto-ley 8/2020. No obstante, se han adoptado medidas de flexibilización de aplazamientos, en el caso de que las autoliquidaciones resulten a pagar.

En Vázquez y Manchón permaneceremos muy atentos a las posibles novedades que puedan darse en los próximos días, para así poder asesoraros de la forma más eficaz.

 

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Aviso importante para nuestros clientes

Informamos a nuestros clientes que durante la vigencia del estado de alarma, nuestra oficina permanecerá cerrada al público, por lo que no nos será posible atenderles en persona.

Les seguiremos atendiendo como es habitual por vía telefónica y correo electrónico.

Aprovechamos la ocasión para desearles una tranquila y saludable cuarentena.

Un cordial saludo,

El equipo de Vázquez y Manchón

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La Seguridad Social mejora la protección de todos los trabajadores aislados

Ante las últimas noticias sobre las medidas económicas anunciadas por el Gobierno para intentar mitigar las consecuencias del COVID-19, desde VÁZQUEZ & MANCHÓN queremos aclarar algunas de ellas.

El martes 10 de marzo el presidente del Gobierno anunció medidas tales como el aplazamiento de algunos impuestos, el favorecer la flexibilidad laboral o aumentar la línea de crédito de las empresas, para paliar las posibles consecuencias económicas del COVID-19.

Además, se ha dado luz verde al Real Decreto-Ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan medidas para mejorar la protección de las personas trabajadoras afectadas por el COVID-19. En este sentido, tanto las personas en aislamiento preventivo como quienes se han contagiado del virus se consideran en situación de incapacidad temporal asimilada a la baja por accidente de trabajo.

Estas personas afectadas por el COVID-19, les supone una mejoría para su prestación, ya que pasan a percibir desde el día siguiente al de la baja laboral el 75% de la base reguladora, a cargo de la Administración y el resto hasta el 100% será a cargo de la empresa según determine el Convenio Colectivo Sectorial.

La asistencia sanitaria seguirá dependiendo del Servicio Público de Salud, NO de las Mutuas. Es importante saber que para poder acceder a la prestación económica se necesita estar de baja médica, no se asumen como casos de accidente de trabajo los procesos anteriores a la entrada en vigor del RD de fecha 11/03/2020 y para acceder a la prestación es necesario estar de alta en la seguridad social en la fecha previa al aislamiento o a la enfermedad.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado la moratoria de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondiente a tres mensualidades consecutivas, para empresas y trabajadores por cuenta propia, en las zonas geográficas y sectores que se determinen según orden ministerial. Estas cotizaciones podrán ser abonadas, en el plazo de un año, a contar desde su devengo sin recargos ni intereses.

Ante esta situación desconocida y cambiante, desde VÁZQUEZ & MANCHÓN nos comprometemos a mantener informados a nuestros clientes ante las posibles modificaciones que puedan darse en los próximos días, y le asesoraremos desde nuestra experiencia.

Esther Sánchez SánchezLa Seguridad Social mejora la protección de todos los trabajadores aislados
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