Sergio Valero Almodóvar

Incentivos fiscales para el Impuesto sobre Sociedades

La Ley 27/2014, de 17 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, establece una serie de bonificaciones y deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades.  Destaca la eliminación de determinados incentivos considerados innecesarios, potencia otros ya existentes e introduce dos nuevos relacionados con el patrimonio neto.

A continuación, se detallan las modificaciones introducidas y las que actualmente siguen vigentes:

  • Se mantienen eliminadas las deducciones por inversiones medioambientales, por reinversión de beneficios extraordinarios y por inversión de beneficios.
  • Como novedad para el periodo impositivo 2020, y con el fin de adaptar la deducción por inversiones en producciones audiovisuales extranjeras a lo que dicta la Comisión Europea, se incorpora la fase de producción para producciones de animación, consistente en la deducción del 30% de la base, cuando el productor se encargue de la ejecución de efectos visuales y los gastos realizados en territorio español no superen el millón de euros. Se mantiene el porcentaje de deducción por inversiones para el resto de las producciones cinematográficas y series audiovisuales al 20% para el primer millón de euros.
  • Otra novedad para el periodo impositivo 2020, consiste en la adaptación de la libertad de amortización al contexto del brote de COVID-19. Consiste en la aplicación de un incentivo para inversiones en elementos nuevos de inmovilizado material efectuadas y que entren en funcionamiento en los periodos impositivos que concluyen entre el 2 de abril de 2020 y el 30 de junio de 2021. Así mismo, se adapta a la Comisión Europea (Reglamento UE 651/2014) el incremento de la deducción en innovación en procesos de cadena de valor de la industria del automóvil.
  • Se mantiene la Reserva de capitalización. Esta consiste en la no tributación de aquella parte del beneficio que se destine a la constitución de una reserva indisponible, sin que se establezca requisito de inversión. Esta medida pretende potenciar la capitalización empresarial mediante un incremento del patrimonio neto. En concreto supone una reducción en la base imponible del 10% del importe incrementado en los fondos propios. Todo ello, atendiendo a los siguientes requisitos:

– Que el importe del incremento de los fondos propios se mantenga durante 5 años desde el cierre del periodo impositivo al que corresponda la reducción, salvo por la existencia de pérdidas contables.

– Que se dote una reserva indisponible por el importe de la reducción durante el plazo previsto anterior.

  • Compensación de bases imponibles negativas. Destacando la aplicabilidad de las bases imponibles en un futuro sin límite temporal, con una limitación del 70% de la base imponible previa a su compensación y admitiéndose, en todo caso, un importe mínimo de 1 millón de euros. Como contrapartida, el plazo que dispone la AEAT para comprobar la procedencia de la compensación sigue establecido en 10 años.
  • Para las entidades de reducida dimensión, se mantiene la reserva de nivelación de bases imponibles negativas, con el objetivo de favorecer la competitividad y la estabilidad de la empresa española. Esta reserva, permite anticipar la aplicación en un periodo impositivo de bases imponibles negativas que se generen en los 5 años siguientes, minorando la base imponible positiva de ese periodo hasta un 10% de su importe. De no generarse bases imponibles negativas, se produce un diferimiento durante 5 años de la tributación de la reserva constituida.
  • Se mantiene, la deducción por investigación, desarrollo e innovación tecnológica y la deducción por creación de empleo, incluyendo la correspondiente a los trabajadores con discapacidad.
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Tributación de socios profesionales a sociedad en IRPF e IVA

En ocasiones, surgen dudas sobre cómo deben ser la remuneración de los socios de sociedades profesionales. En este sentido, nos centraremos en dos impuestos principales, IRPF e IVA.

IRPF

Si el cargo de administrador es remunerado, la Ley del Impuesto establece claramente que en todo caso tendrán la consideración de rendimientos del trabajo las retribuciones de los administradores y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y demás miembros de otros órganos representativos.

Pero, ¿qué pasa con las actividades prestadas por la sociedad profesional a través de sus socios? Dichas actividades tendrán la consideración de actividades económicas (y no rendimientos del trabajo) siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

  • De ámbito subjetivo: la sociedad debe dedicarse a la prestación de servicios profesionales (y no empresariales), es decir, la actividad en la que esté dada de alta debe estar incluida en la Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto de Actividades Económicas.
  • De ámbito objetivo: el socio por medio del cual la sociedad preste sus servicios debe estar de alta en el Régimen especial de Trabadores Autónomos o en una mutualidad de previsión social equivalente.

IVA

En cuanto al IVA, básicamente se consideran sujetos pasivos del impuesto los que realicen con carácter independiente una actividad económica. Dicho de otro modo, no son sujetos pasivos del IVA los asalariados y otras personas que estén vinculadas a la empresa por un contrato de trabajo o por cualquier otra relación jurídica que cree lazos de subordinación en cuanto a condiciones laborales y retributivas y a la responsabilidad de la empresa.

Por lo tanto, podemos concluir que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, si los servicios que presta la sociedad profesional a través de sus socios se consideran rendimientos de actividades económicas y los mismos son considerados sujetos pasivos del IVA, para que la sociedad remunere a sus socios estos deben emitirle factura por dichos trabajos con el IVA correspondiente.

En Vázquez y Manchón estamos a tu disposición para solucionar tus dudas sobre tus obligaciones si eres socio de una sociedad profesional.

 

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Principales novedades de ámbito tributario introducidas por el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo

Principales novedades de ámbito tributario introducidas por el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo.

  1. Intereses de demora de aplazamientos:

Se amplía a 4 meses el plazo de no devengo de intereses para los aplazamientos presentados a partir de la entrada en vigor de los artículos 14 del RD-ley 7/2020, de 12 de marzo, y 52 del RD-ley 11/2020m de 31 de marzo.

  1. Cuentas anuales:

Se establece un plazo de 3 meses a contar desde el 1 de junio de 2020 para la formulación de las cuentas anuales. El anterior decreto establecía el plazo de 3 meses contados desde la fecha de finalización del estado de alarma.

Adicionalmente, se reduce a 2 meses el plazo para aprobar las cuentas anuales, para todas las sociedades, sean o no cotizadas; por lo que, las cuentas tienen que estar aprobadas dentro de los 10 primeros meses del ejercicio.

3.- Presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades:

Los contribuyentes presentarán la declaración en el plazo previsto en el apartado 1 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Si a la finalización del plazo, las cuentas no hubieran sido aprobadas, la declaración se hará con las cuentas anuales disponibles. Se entiende por cuentas anuales disponibles, la contabilidad disponible llevada de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o con lo establecido en las normas por las que se rijan.

En caso de que la autoliquidación del impuesto difiera de la presentada en el plazo ordinario, es decir, que las cuentas anuales hayan variado con respecto a la presentación anterior; los contribuyentes presentarán una nueva autoliquidación con plazo hasta 30 de noviembre de 2020.

Si la nueva declaración presentada es complementaria producirá efectos desde el día siguiente a la finalización del plazo previsto en el artículo 124.1 de la LIS. Si no tiene la consideración de complementaria, la nueva autoliquidación producirá efectos desde su presentación.

No resultará de aplicación respecto de la nueva autoliquidación las limitaciones a la rectificación de las opciones a que se refiere el artículo 119.3 de la LGT.

En caso de devolución, se aplicará el artículo 127 de LIS. El plazo contará a partir de los 6 meses a partir de la finalización del plazo de nueva autoliquidación (hasta 30 de noviembre). La cantidad por devolver devengará intereses de demora desde el día siguiente a la finalización del plazo voluntario hasta que se ordene el pago de la devolución.

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Aprobación del Real Decreto – Ley 16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia

Ayer se aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto – Ley 16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Estas medidas pretenden ser un plan de choque para tratar de agilizar la acumulación de los procedimientos suspendidos una vez se levante la situación del estado de alarma. En este sentido, se habilita el mes de agosto, y también las tardes, para juicios.

Además, ante la previsión de un aumento de empresas que entren en concurso por la crisis, el Real Decreto – Ley ha flexibilizado los plazos y los procedimientos concursales destinados a evitar la liquidación de empresas. Según explica el Real Decreto – Ley, la intención es evitar que empresas que podrían ser viables, se liquiden a causa de la situación actual, destruyendo puestos de trabajo y afectando al tejido productivo.

Respecto a la ampliación de los plazos, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020.

Además, se prevé que, a efectos de la causa legal de disolución por pérdidas, no se computen las del ejercicio 2020. Si el resultado del ejercicio 2021 dejan el patrimonio neto reducido a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio.

También se modifica el convenio concursal: durante el año siguiente a contar desde la declaración del estado de alarma, el concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio que se encuentre en periodo de cumplimiento, o durante los tres meses que sigan a cuantas solicitudes de declaración de incumplimiento del convenio se presenten por los acreedores

En caso de liquidación, durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, el deudor no tendrá el deber de solicitar la liquidación de la masa activa cuando conozca la imposibilidad de cumplir con las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal, siempre que el deudor presente una propuesta de modificación del convenio y esta se admita a trámite dentro de dicho plazo.

Respecto a los acuerdos de refinanciación, durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, el deudor que tuviere homologado un acuerdo de refinanciación podrá poner en conocimiento del juzgado que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar o renovar el acuerdo en vigor aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación. Asimismo, durante los seis meses siguientes a que quede sin efecto el estado de alarma, el juez dará traslado al deudor de las solicitudes de declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación presentado por los acreedores, pero no las admitirá a trámite que pase un mes desde la finalización de dicho plazo de seis meses; en ese mes el deudor podrá poner en conocimiento del juez que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores.

Como siempre, desde Vázquez y Manchón nos comprometemos a manteros informados de las últimas novedades legales y fiscales que se produzcan para paliar los efectos de la crisis por COVID-19.

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