Sergio Valero Almodóvar

Régimen de recargos de la Ley 11/2021

La Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal estableció, entre otras novedades, una minoración del régimen de recargos para las declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo.

En este caso, tenemos que distinguir si la declaración se ha presentado dentro de los 12 meses siguientes respecto al término del plazo establecido para la presentación e ingreso o con posterioridad a estos:

  • Presentación dentro de los 12 meses: la ley establece un recargo del 1% más otro 1% adicional por cada mes completo de retraso, sin intereses de demora.
  • Presentación una vez transcurridos los 12 meses: el recargo será del 15%, excluyendo sanciones que hubieran podido exigirse. En este caso, sí se exigirán los intereses de demora desde el día siguiente al término de los 12 meses hasta el momento en que se presente la declaración.

En ninguno de los dos casos se exigirá sanción.

Otra novedad introducida por la Ley 11/2021, es la no aplicación de recargos (sólo intereses de demora, en su caso) cuando la declaración presentada por el obligado tributario refleja unos hechos idénticos a los previamente regularizados por la Administración tributaria, siempre que concurran los siguientes requisitos:

  1. Que la declaración o autoliquidación se presente en el plazo de 6 meses desde el día siguiente en que se notifique la liquidación administrativa.
  2. Que se reconozcan y paguen al completo las cantidades resultantes de la declaración.
  3. Que no se presente solicitud de rectificación, ni se interponga recurso o reclamación contra la liquidación administrativa.
  4. Que de la regularización de la Administración no derive la imposición de una sanción.

Por último, cuando el sujeto pasivo presenta autoliquidación o declaración complementaria de un período que es consecuencia directa e inmediata de la liquidación practicada por un periodo previo, no cabe la aplicación de recargos siempre que:

  • La declaración complementaria no aporte datos desconocidos por la Administración, y
  • La Administración pudiera extender la regularización al segundo ejercicio sin practicar nuevas actuaciones, evitando la necesidad de presentar la autoliquidación extemporánea.

Este criterio del TEAC ya no exige que la autoliquidación complementaria sea consecuencia directa e inmediata de la actuación de la Administración.

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Tratamiento de la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante

Una de las medidas contempladas en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzoes la concesión al consumidor, de manera extraordinaria y temporal, de una bonificación de 20 céntimos/litro de combustible que se aplica al precio de venta por parte de las entidades colaboradoras.

Este descuento se divide en una parte estatal, de 15 céntimos, y un mínimo de 5 céntimos que tendrán que asumir las grandes petroleras.

¿Cómo beneficiarse del descuento?

Este descuento se aplica de manera inmediata y directa en el momento de abonar el pago, aunque el precio que aparece en los surtidores sigue siendo el original y vigente en el momento del repostaje. Los usuarios ya pagan el precio bonificado, hecho que constará específicamente en el comprobante de la compra.

¿En qué productos se aplica?

La deducción propuesta por el gobierno, afectará con carácter general a la gasolina 95 y 98, al gasóleo de automoción habitual o «gasóleo A» y gasóleo de automoción de características mejoradas o «gasóleo A+», al gasóleo B, al destinado para uso marítimo, a los gases licuados de petróleo para propulsión de vehículos, al gas natural comprimido licuado para propulsión de vehículos, al gas natural licuado para propulsión de vehículos, al bioetanol, biodiésel y a las mezclas de gasolina con bioetanol o de gasóleo con biodiésel que requieran etiquetado específico.

También dará derecho a la bonificación regulada en este capítulo la adquisición del aditivo AdBlue, según lo recogido en la norma ISO 22241.

¿Pueden los consumidores beneficiarse de otros descuentos?

Aunque la norma aprobada por el Ejecutivo habla de un descuento mínimo de 20 céntimos por litro, las grandes petroleras también continúan aportando rebajas superiores, algunas sujetas a sus programas de fidelización (tarjetas, puntos, etc.).

¿Cómo ha de contabilizarse esta transacción?

-Desde el punto de vista de las estaciones de servicios al por menor, el registro contable sería el siguiente:

tabla 1

Como se puede observar, no afecta a su cifra de negocios lo que deja de percibir lo recupera de la administración.

-Desde el punto de vista de una entidad mayorista, el registro contable quedaría de la siguiente manera:

Las entidades mayoristas que, además, efectúen un descuento, contabilizarán el crédito reducido en el importe de ese mismo descuento.

tabla 2

Con posterioridad, se anotaría el siguiente registro:

tabla 3

-Desde el punto de vista del consumidor final:

El consumidor en su factura está recibiendo una subvención de la explotación, pudiendo quedar registrado de la siguiente forma:

tabla 4

El ICAC también permite que se registre como un menor gasto por suministros, siempre y cuando el importe de la subvención no sea significativo.

La DGT en su consulta vinculante V1035-22 también habla de la consideración de la bonificación como subvención y de su consecuente implicación para el Impuesto sobre Sociedades y el IVA; este último no se verá afectado, ya que se devengará por la totalidad de la venta sin aplicar la bonificación.

 

 

 

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Límites a la compensación de bases imponibles negativas en el IS

La ley del Impuesto sobre Sociedades permite compensar, con las rentas positivas de los periodos impositivos siguientes, las bases imponibles negativas que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación. Además, se permite la compensación ilimitada en el tiempo de estas. Eso sí, con una regulación cuantitativa.

Los límites aplicables a la compensación se establecen en función del importe neto de la cifra de negocios durante los doce meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, y son las siguientes:

  • Cifra de negocios inferior a 20 millones de euros: 70% de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización (60% para períodos impositivos de 2016 en adelante).
  • Cifra de negocios igual o superior a 20 millones e inferior a 60 millones de euros: 50%.
  • Cifra de negocios igual o superior a 60 millones de euros: 25%.
  • En todo caso, se podrán compensar en el periodo impositivo hasta el importe de 1 millón de euros. Aquí han de excluirse las bases imponibles negativas objeto de compensación con rentas de quitas o esperas acordadas con los acreedores no vinculados.

Este límite no operará en el periodo impositivo en que se produzca la extinción de la entidad, salvo que sea una operación de reestructuración a la que resulte aplicable el régimen fiscal especial recogido en el Capítulo VII del Título VII de la Ley del Impuesto.

  • Para periodos impositivos con una duración inferior al año, las bases imponibles máximas a compensar se calculan multiplicando 1 millón de euros por la proporción existente entre la duración del periodo impositivo respecto del año.
  • Las entidades de nueva creación no aplicarán las limitaciones a la compensación en los 3 primeros periodos impositivos en que se genere una base imponible positiva previa a su compensación.
  • Tampoco resultará de aplicación esta limitación en el importe de las rentas correspondientes a la reversión de las pérdidas por deterioro, siempre que dichas pérdidas representen el 90% de los gastos deducibles del periodo en que se generaron.

No podrán compensarse bases imponibles negativas cuando:

  1. La mayoría del capital social sea adquirido por personas o entidades vinculadas, con posterioridad a la conclusión del período impositivo al que corresponde la base imponible negativa.
  1. Dichas personas o entidades hayan tenido una participación por debajo al 25% en el momento de la conclusión del período impositivo al que corresponde la base imponible negativa.
  1. La entidad adquirida se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:
  • Que no realizara actividad económica alguna dentro de los 3 meses anteriores a la adquisición.
  • Que realizara en los 2 años posteriores una actividad económica diferente o adicional (asignación de un grupo diferente de la CNAE) a la realizada con anterioridad, que supusiera, un importe neto de la cifra de negocios en esos años posteriores superior al 50 % del importe medio de la cifra de negocios de la entidad correspondiente a los 2 años anteriores.
  • Que se trate de una entidad patrimonial.
  • Que la entidad haya sido dada de baja en el índice de entidades por no presentar durante 3 períodos impositivos consecutivos la declaración del Impuesto.

Si tienes dudas sobre el Impuesto de Sociedades, en Vázquez y Manchón podemos ayudarte a entender cómo funciona y si puedes beneficiarte o no, por ejemplo, de aplicar dichas compensaciones.

 

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IVA: requisitos de los créditos incobrables para la modificación de la base imponible

La ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido en su artículo 80.4, establece una serie de requisitos para la modificación de la base imponible en el caso de créditos total o parcialmente incobrables.

Un crédito se considera total o parcialmente incobrable, cuando concurran las condiciones siguientes:

  1. Que haya transcurrido un año desde el devengo del impuesto sin que se haya obtenido el cobro total o parcial del crédito. Cuando el titular del derecho de crédito sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones no exceda de 6.101.121,04 euros durante el año inmediato anterior, este plazo será de 6 meses o un año. Si se trata de una operación a plazos, será necesario que transcurra un plazo de 6 meses o un año desde el vencimiento de plazo o plazos hasta la fecha de devengo de la operación.
  2. Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los Libros Registros de IVA.
  3. Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o que la base imponible de la misma sea superior a 300 euros IVA excluido.
  4. Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial o requerimiento notarial al deudor, incluso si se trata de Entes públicos (en este caso, la reclamación judicial o requerimiento notarial, será sustituida por una certificación expedida por el órgano competente del Ente público deudor).

La doctrina del Tribunal Económico-Administrativo Central dicta que, en cuanto al requerimiento notarial, no es suficiente el acta notarial de envío de correo certificado. En opinión del Tribunal, “Las actas de remisión de documentos se limitan a acreditar el hecho del envío, el contenido del documento y la fecha de entrega o su remisión por procedimiento técnico, y no confieren derecho a contestar en la misma acta. Las actas de requerimiento tienen por objeto transmitir una información o decisión a una persona intimando al requerido para que adopte una determinada conducta y se notifican mediante personación del notario en el lugar de notificación (o por correo certificado si no lo impide una norma legal) y contienen una diligencia en la que se hace constar el intento de traslado de la petición por el notario, el medio empleado y su resultado, así como la contestación del requerido.

Por último, no se podrá modificar la base imponible entre otros casos los siguientes:

  • Créditos que disfruten de garantía real.
  • Créditos afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca.
  • Créditos entre personas o entidades vinculadas definidas en el art. 79.5 de la Ley del IVA.
  • Cuando el destinatario de las operaciones no esté establecido en el territorio de aplicación del impuesto.
  • Con posterioridad al auto de declaración de concurso con respecto a cuotas repercutidas por operaciones con devengo anterior a dicho auto.
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Incentivos fiscales para el Impuesto sobre Sociedades

La Ley 27/2014, de 17 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, establece una serie de bonificaciones y deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades.  Destaca la eliminación de determinados incentivos considerados innecesarios, potencia otros ya existentes e introduce dos nuevos relacionados con el patrimonio neto.

A continuación, se detallan las modificaciones introducidas y las que actualmente siguen vigentes:

  • Se mantienen eliminadas las deducciones por inversiones medioambientales, por reinversión de beneficios extraordinarios y por inversión de beneficios.
  • Como novedad para el periodo impositivo 2020, y con el fin de adaptar la deducción por inversiones en producciones audiovisuales extranjeras a lo que dicta la Comisión Europea, se incorpora la fase de producción para producciones de animación, consistente en la deducción del 30% de la base, cuando el productor se encargue de la ejecución de efectos visuales y los gastos realizados en territorio español no superen el millón de euros. Se mantiene el porcentaje de deducción por inversiones para el resto de las producciones cinematográficas y series audiovisuales al 20% para el primer millón de euros.
  • Otra novedad para el periodo impositivo 2020, consiste en la adaptación de la libertad de amortización al contexto del brote de COVID-19. Consiste en la aplicación de un incentivo para inversiones en elementos nuevos de inmovilizado material efectuadas y que entren en funcionamiento en los periodos impositivos que concluyen entre el 2 de abril de 2020 y el 30 de junio de 2021. Así mismo, se adapta a la Comisión Europea (Reglamento UE 651/2014) el incremento de la deducción en innovación en procesos de cadena de valor de la industria del automóvil.
  • Se mantiene la Reserva de capitalización. Esta consiste en la no tributación de aquella parte del beneficio que se destine a la constitución de una reserva indisponible, sin que se establezca requisito de inversión. Esta medida pretende potenciar la capitalización empresarial mediante un incremento del patrimonio neto. En concreto supone una reducción en la base imponible del 10% del importe incrementado en los fondos propios. Todo ello, atendiendo a los siguientes requisitos:

– Que el importe del incremento de los fondos propios se mantenga durante 5 años desde el cierre del periodo impositivo al que corresponda la reducción, salvo por la existencia de pérdidas contables.

– Que se dote una reserva indisponible por el importe de la reducción durante el plazo previsto anterior.

  • Compensación de bases imponibles negativas. Destacando la aplicabilidad de las bases imponibles en un futuro sin límite temporal, con una limitación del 70% de la base imponible previa a su compensación y admitiéndose, en todo caso, un importe mínimo de 1 millón de euros. Como contrapartida, el plazo que dispone la AEAT para comprobar la procedencia de la compensación sigue establecido en 10 años.
  • Para las entidades de reducida dimensión, se mantiene la reserva de nivelación de bases imponibles negativas, con el objetivo de favorecer la competitividad y la estabilidad de la empresa española. Esta reserva, permite anticipar la aplicación en un periodo impositivo de bases imponibles negativas que se generen en los 5 años siguientes, minorando la base imponible positiva de ese periodo hasta un 10% de su importe. De no generarse bases imponibles negativas, se produce un diferimiento durante 5 años de la tributación de la reserva constituida.
  • Se mantiene, la deducción por investigación, desarrollo e innovación tecnológica y la deducción por creación de empleo, incluyendo la correspondiente a los trabajadores con discapacidad.
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Tributación de socios profesionales a sociedad en IRPF e IVA

En ocasiones, surgen dudas sobre cómo deben ser la remuneración de los socios de sociedades profesionales. En este sentido, nos centraremos en dos impuestos principales, IRPF e IVA.

IRPF

Si el cargo de administrador es remunerado, la Ley del Impuesto establece claramente que en todo caso tendrán la consideración de rendimientos del trabajo las retribuciones de los administradores y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y demás miembros de otros órganos representativos.

Pero, ¿qué pasa con las actividades prestadas por la sociedad profesional a través de sus socios? Dichas actividades tendrán la consideración de actividades económicas (y no rendimientos del trabajo) siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

  • De ámbito subjetivo: la sociedad debe dedicarse a la prestación de servicios profesionales (y no empresariales), es decir, la actividad en la que esté dada de alta debe estar incluida en la Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto de Actividades Económicas.
  • De ámbito objetivo: el socio por medio del cual la sociedad preste sus servicios debe estar de alta en el Régimen especial de Trabadores Autónomos o en una mutualidad de previsión social equivalente.

IVA

En cuanto al IVA, básicamente se consideran sujetos pasivos del impuesto los que realicen con carácter independiente una actividad económica. Dicho de otro modo, no son sujetos pasivos del IVA los asalariados y otras personas que estén vinculadas a la empresa por un contrato de trabajo o por cualquier otra relación jurídica que cree lazos de subordinación en cuanto a condiciones laborales y retributivas y a la responsabilidad de la empresa.

Por lo tanto, podemos concluir que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, si los servicios que presta la sociedad profesional a través de sus socios se consideran rendimientos de actividades económicas y los mismos son considerados sujetos pasivos del IVA, para que la sociedad remunere a sus socios estos deben emitirle factura por dichos trabajos con el IVA correspondiente.

En Vázquez y Manchón estamos a tu disposición para solucionar tus dudas sobre tus obligaciones si eres socio de una sociedad profesional.

 

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Principales novedades de ámbito tributario introducidas por el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo

Principales novedades de ámbito tributario introducidas por el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo.

  1. Intereses de demora de aplazamientos:

Se amplía a 4 meses el plazo de no devengo de intereses para los aplazamientos presentados a partir de la entrada en vigor de los artículos 14 del RD-ley 7/2020, de 12 de marzo, y 52 del RD-ley 11/2020m de 31 de marzo.

  1. Cuentas anuales:

Se establece un plazo de 3 meses a contar desde el 1 de junio de 2020 para la formulación de las cuentas anuales. El anterior decreto establecía el plazo de 3 meses contados desde la fecha de finalización del estado de alarma.

Adicionalmente, se reduce a 2 meses el plazo para aprobar las cuentas anuales, para todas las sociedades, sean o no cotizadas; por lo que, las cuentas tienen que estar aprobadas dentro de los 10 primeros meses del ejercicio.

3.- Presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades:

Los contribuyentes presentarán la declaración en el plazo previsto en el apartado 1 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Si a la finalización del plazo, las cuentas no hubieran sido aprobadas, la declaración se hará con las cuentas anuales disponibles. Se entiende por cuentas anuales disponibles, la contabilidad disponible llevada de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o con lo establecido en las normas por las que se rijan.

En caso de que la autoliquidación del impuesto difiera de la presentada en el plazo ordinario, es decir, que las cuentas anuales hayan variado con respecto a la presentación anterior; los contribuyentes presentarán una nueva autoliquidación con plazo hasta 30 de noviembre de 2020.

Si la nueva declaración presentada es complementaria producirá efectos desde el día siguiente a la finalización del plazo previsto en el artículo 124.1 de la LIS. Si no tiene la consideración de complementaria, la nueva autoliquidación producirá efectos desde su presentación.

No resultará de aplicación respecto de la nueva autoliquidación las limitaciones a la rectificación de las opciones a que se refiere el artículo 119.3 de la LGT.

En caso de devolución, se aplicará el artículo 127 de LIS. El plazo contará a partir de los 6 meses a partir de la finalización del plazo de nueva autoliquidación (hasta 30 de noviembre). La cantidad por devolver devengará intereses de demora desde el día siguiente a la finalización del plazo voluntario hasta que se ordene el pago de la devolución.

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Aprobación del Real Decreto – Ley 16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia

Ayer se aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto – Ley 16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Estas medidas pretenden ser un plan de choque para tratar de agilizar la acumulación de los procedimientos suspendidos una vez se levante la situación del estado de alarma. En este sentido, se habilita el mes de agosto, y también las tardes, para juicios.

Además, ante la previsión de un aumento de empresas que entren en concurso por la crisis, el Real Decreto – Ley ha flexibilizado los plazos y los procedimientos concursales destinados a evitar la liquidación de empresas. Según explica el Real Decreto – Ley, la intención es evitar que empresas que podrían ser viables, se liquiden a causa de la situación actual, destruyendo puestos de trabajo y afectando al tejido productivo.

Respecto a la ampliación de los plazos, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020.

Además, se prevé que, a efectos de la causa legal de disolución por pérdidas, no se computen las del ejercicio 2020. Si el resultado del ejercicio 2021 dejan el patrimonio neto reducido a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio.

También se modifica el convenio concursal: durante el año siguiente a contar desde la declaración del estado de alarma, el concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio que se encuentre en periodo de cumplimiento, o durante los tres meses que sigan a cuantas solicitudes de declaración de incumplimiento del convenio se presenten por los acreedores

En caso de liquidación, durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, el deudor no tendrá el deber de solicitar la liquidación de la masa activa cuando conozca la imposibilidad de cumplir con las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal, siempre que el deudor presente una propuesta de modificación del convenio y esta se admita a trámite dentro de dicho plazo.

Respecto a los acuerdos de refinanciación, durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, el deudor que tuviere homologado un acuerdo de refinanciación podrá poner en conocimiento del juzgado que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar o renovar el acuerdo en vigor aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación. Asimismo, durante los seis meses siguientes a que quede sin efecto el estado de alarma, el juez dará traslado al deudor de las solicitudes de declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación presentado por los acreedores, pero no las admitirá a trámite que pase un mes desde la finalización de dicho plazo de seis meses; en ese mes el deudor podrá poner en conocimiento del juez que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores.

Como siempre, desde Vázquez y Manchón nos comprometemos a manteros informados de las últimas novedades legales y fiscales que se produzcan para paliar los efectos de la crisis por COVID-19.

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