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Incentivos fiscales para el Impuesto sobre Sociedades

La Ley 27/2014, de 17 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, establece una serie de bonificaciones y deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades.  Destaca la eliminación de determinados incentivos considerados innecesarios, potencia otros ya existentes e introduce dos nuevos relacionados con el patrimonio neto.

A continuación, se detallan las modificaciones introducidas y las que actualmente siguen vigentes:

  • Se mantienen eliminadas las deducciones por inversiones medioambientales, por reinversión de beneficios extraordinarios y por inversión de beneficios.
  • Como novedad para el periodo impositivo 2020, y con el fin de adaptar la deducción por inversiones en producciones audiovisuales extranjeras a lo que dicta la Comisión Europea, se incorpora la fase de producción para producciones de animación, consistente en la deducción del 30% de la base, cuando el productor se encargue de la ejecución de efectos visuales y los gastos realizados en territorio español no superen el millón de euros. Se mantiene el porcentaje de deducción por inversiones para el resto de las producciones cinematográficas y series audiovisuales al 20% para el primer millón de euros.
  • Otra novedad para el periodo impositivo 2020, consiste en la adaptación de la libertad de amortización al contexto del brote de COVID-19. Consiste en la aplicación de un incentivo para inversiones en elementos nuevos de inmovilizado material efectuadas y que entren en funcionamiento en los periodos impositivos que concluyen entre el 2 de abril de 2020 y el 30 de junio de 2021. Así mismo, se adapta a la Comisión Europea (Reglamento UE 651/2014) el incremento de la deducción en innovación en procesos de cadena de valor de la industria del automóvil.
  • Se mantiene la Reserva de capitalización. Esta consiste en la no tributación de aquella parte del beneficio que se destine a la constitución de una reserva indisponible, sin que se establezca requisito de inversión. Esta medida pretende potenciar la capitalización empresarial mediante un incremento del patrimonio neto. En concreto supone una reducción en la base imponible del 10% del importe incrementado en los fondos propios. Todo ello, atendiendo a los siguientes requisitos:

– Que el importe del incremento de los fondos propios se mantenga durante 5 años desde el cierre del periodo impositivo al que corresponda la reducción, salvo por la existencia de pérdidas contables.

– Que se dote una reserva indisponible por el importe de la reducción durante el plazo previsto anterior.

  • Compensación de bases imponibles negativas. Destacando la aplicabilidad de las bases imponibles en un futuro sin límite temporal, con una limitación del 70% de la base imponible previa a su compensación y admitiéndose, en todo caso, un importe mínimo de 1 millón de euros. Como contrapartida, el plazo que dispone la AEAT para comprobar la procedencia de la compensación sigue establecido en 10 años.
  • Para las entidades de reducida dimensión, se mantiene la reserva de nivelación de bases imponibles negativas, con el objetivo de favorecer la competitividad y la estabilidad de la empresa española. Esta reserva, permite anticipar la aplicación en un periodo impositivo de bases imponibles negativas que se generen en los 5 años siguientes, minorando la base imponible positiva de ese periodo hasta un 10% de su importe. De no generarse bases imponibles negativas, se produce un diferimiento durante 5 años de la tributación de la reserva constituida.
  • Se mantiene, la deducción por investigación, desarrollo e innovación tecnológica y la deducción por creación de empleo, incluyendo la correspondiente a los trabajadores con discapacidad.
Sergio Valero AlmodóvarIncentivos fiscales para el Impuesto sobre Sociedades
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Tributación de socios profesionales a sociedad en IRPF e IVA

En ocasiones, surgen dudas sobre cómo deben ser la remuneración de los socios de sociedades profesionales. En este sentido, nos centraremos en dos impuestos principales, IRPF e IVA.

IRPF

Si el cargo de administrador es remunerado, la Ley del Impuesto establece claramente que en todo caso tendrán la consideración de rendimientos del trabajo las retribuciones de los administradores y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y demás miembros de otros órganos representativos.

Pero, ¿qué pasa con las actividades prestadas por la sociedad profesional a través de sus socios? Dichas actividades tendrán la consideración de actividades económicas (y no rendimientos del trabajo) siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

  • De ámbito subjetivo: la sociedad debe dedicarse a la prestación de servicios profesionales (y no empresariales), es decir, la actividad en la que esté dada de alta debe estar incluida en la Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto de Actividades Económicas.
  • De ámbito objetivo: el socio por medio del cual la sociedad preste sus servicios debe estar de alta en el Régimen especial de Trabadores Autónomos o en una mutualidad de previsión social equivalente.

IVA

En cuanto al IVA, básicamente se consideran sujetos pasivos del impuesto los que realicen con carácter independiente una actividad económica. Dicho de otro modo, no son sujetos pasivos del IVA los asalariados y otras personas que estén vinculadas a la empresa por un contrato de trabajo o por cualquier otra relación jurídica que cree lazos de subordinación en cuanto a condiciones laborales y retributivas y a la responsabilidad de la empresa.

Por lo tanto, podemos concluir que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, si los servicios que presta la sociedad profesional a través de sus socios se consideran rendimientos de actividades económicas y los mismos son considerados sujetos pasivos del IVA, para que la sociedad remunere a sus socios estos deben emitirle factura por dichos trabajos con el IVA correspondiente.

En Vázquez y Manchón estamos a tu disposición para solucionar tus dudas sobre tus obligaciones si eres socio de una sociedad profesional.

 

Sergio Valero AlmodóvarTributación de socios profesionales a sociedad en IRPF e IVA
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El registro del salario de los empleados, obligatorio en todas las empresas

Desde el pasado 14 de abril, todas las empresas estarán obligadas a contar con un registro del salario de sus empleados, lo que incluye a sus cargos directivos. Esta medida, derivada de la entrada en vigor del Real Decreto 902/2020 de 13 de octubre de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, pretende impulsar la transparencia empresarial para acabar con la denominada brecha salarial de género. 

¿Qué datos deben incluirse en el registro?

El registro salarial deberá incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla. Todos estos datos deberán figurar desagregados, tanto por su categoría como por sexo. 

¿Qué periodicidad tendrá el registro?

Aunque estará sujeto a modificación, el plazo temporal para contabilizar el registro salarial será el de un año natural. Los representantes sindicales de la empresa deberán ser consultados con diez días de antelación antes de la elaboración del registro y cuando el registro vaya a ser modificado. 

¿Tendrán acceso los empleados al registro?

En aquellas empresas con representación sindical, los trabajadores tendrán derecho a conocer el contenido completo del registro a través de esta. 

Si no existiera dicha representación, la información estará limitada a aquellos trabajadores que se vieran afectados por dichas medidas.

¿Qué pasa si no cumplo con los requisitos?

Si la media aritmética o la mediana de las retribuciones totales de los trabajadores de un sexo superara a las del otro en, al menos, un 25%, el registro de las empresas deberá completarse con un documento que acredite que la diferencia no se debe a razones de género. 

En Vázquez y Manchón nos ponemos a tu disposición para realizar el registro salarial en tu empresa y evitar eventualidades desagradables.

Esther Sánchez SánchezEl registro del salario de los empleados, obligatorio en todas las empresas
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Prestaciones por Incapacidad Temporal

¿Qué es la prestación económica por Incapacidad Temporal?

La prestación económica por incapacidad temporal (IT) es aquella destinada a cubrir la falta de ingresos derivada de la imposibilidad temporal de un trabajador para trabajar,  ya sea por enfermedad o accidente. Dicha prestación, se incluye dentro de la acción protectora establecida en el Régimen General de la Seguridad Social; así como en los regímenes especiales. 

¿Quiénes pueden ser beneficiarios? 

Las personas integradas en el Régimen General que se encuentren afiliadas o en situación asimilada al alta en el momento de la solicitud, siempre que estén impedidas para el trabajo y reúnan los requisitos. 

Se consideran situaciones asimiladas al alta la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo, el traslado del trabajador por la empresa al extranjero y el convenio especial con el que cuentan diputados, senadores, gobernantes y parlamentarios de las Comunidades Autónomas. 

En el caso de que la incapacidad derive de enfermedad profesional o accidente laboral, se considerarán como afiliadas y en alta. 

¿Cuáles son los requisitos para acceder a ella?

Para poder acceder a la prestación, tienen que cumplirse los siguientes supuestos:

  • En el caso de enfermedad común, tener cubierto un período previo de cotización de 180 días en los 5 años inmediatamente anteriores al hecho causante.
  • En caso de accidente, sea no de trabajo, y de enfermedad profesional, no se requiere de período previo de cotización. 

Prestación económica

Para aquellos trabajadores afiliados al Régimen General de la Seguridad Social, la prestación consiste en un subsidio cuya cuantía está determinada en función de la base reguladora y de los porcentajes que se apliquen a la misma:

Base reguladora 

  • En el caso de incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral, resulta de dividir el importe de la base de cotización del trabajador en el mes anterior al de la fecha de iniciación de la incapacidad entre el número de días a que dicha cotización se refiere.
  • En caso de incapacidad temporal causada por accidente de trabajo o enfermedad profesional, la base reguladora se obtiene a partir de dos sumandos: la base de cotización por contingencias profesionales del mes anterior dividida por el número de días a los que corresponda dicha cotización (sin horas extraordinarias); y la cotización por horas extraordinarias del año anterior, dividida entre 365 días. 

Porcentaje

  • En el caso de enfermedad común o accidente no laboral, desde el 4º día de baja hasta el 20º, ambos inclusive, corresponde el 60% de la base reguladora; y el 75% desde el día 21 en adelante. 
  • En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el día del accidente o enfermedad corre a cargo del empresario de forma íntegra. Desde el día siguiente, corresponderá al 75% de la base reguladora. 

Extinción del derecho

El derecho al subsidio se extinguirá:

  • Por alta médica por curación o mejoría que permita al trabajador reincorporarse a su trabajo habitual.
  • Por el transcurso del plazo de 545 días naturales desde la baja médica.
  • Por reconocimiento de pensión de jubilación.
  • Por ser dado de alta el trabajador, existiendo o no declaración de incapacidad permanente.
  • Por la incomparecencia injustificada del beneficiario de la prestación a los reconocimientos establecidos por los profesionales médicos del INSS o a la mutua correspondiente. 
  • Por fallecimiento del beneficiario.

Reconocimiento del derecho a la prestación

El reconocimiento del derecho a la prestación puede corresponder: 

  • Al INSS, o a la mutua colaboradora con la Seguridad Social que cubra las contingencias comunes y/o profesionales de la empresa de que se trate. 
  • A aquellas empresas que cuenten con autorización para colaborar voluntariamente en la gestión del régimen general, cuando las contingencias estén derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional (contingencias profesionales).

Pago de la prestación

La prestación por incapacidad temporal (IT) corre a cargo del INSS, de la mutua colaboradora  con la Seguridad Social o empresa autorizada para colaborar en la gestión.

El abono de la prestación económica lo efectuará la empresa con la misma periodicidad que el de los salarios. 

Cuando el trabajador se encuentre percibiendo prestaciones contributivas por desempleo y pase a estar en situación de incapacidad temporal, el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), deberá abonar la prestación por incapacidad temporal hasta que finalice la duración de la prestación por desempleo, así como las cuotas correspondientes de la Seguridad Social.

Sistemas especiales (régimen agrario)

Los trabajadores acogidos al régimen agrario cuentan con un sistema especial en cuanto a determinados aspectos de la incapacidad temporal. La primera particularidad reside en que en el régimen agrario la protección por incapacidad temporal está excluida en los períodos de inactividad. 

En cuanto a la base reguladora, durante el tiempo que dure la situación de IT, la cuantía de la base reguladora del subsidio no podrá superar el promedio mensual de la base de cotización correspondiente a los días trabajados durante los 12 meses anteriores a la situación de baja médica. 

En este caso, el pago de la prestación lo realiza directamente el INSS, o la mutua colaboradora con la Seguridad Social que corresponda. 

 

Ana María Villalobos GuerreroPrestaciones por Incapacidad Temporal
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Reclamación de gastos hipotecarios

Según la sentencia de 16 de julio de 2020 dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en caso de nulidad de la cláusula que impone al consumidor el pago de la totalidad de los gastos de constitución y cancelación de la hipoteca, deben devolvérsele al consumidor aquellos gastos que pagó con base en dicha cláusula abusiva.

Según lo explicado anteriormente, y con la excepción de las hipotecas que se encuentren bajo el ámbito de la Ley 5/2019 de 15 de marzo, de contratos de crédito inmobiliario, vigente desde el 16 de junio de 2019, pueden reclamarse:

Gastos notariales

El consumidor puede recuperar la mitad de los gastos notariales derivados de la escritura de constitución de la hipoteca y la modificación de esta.  En el caso de que la escritura fuera de cancelación, el gasto le correspondería al prestatario, al beneficiarle la liberación del gravamen.

En lo relativo a las diferentes copias de escritura que se solicitasen, deberán ser abonadas por la parte solicitante.

El Tribunal Supremo confirma lo anterior y su jurisprudencia previa al respecto en su reciente sentencia de 24 de julio, a pesar de pronunciamientos recientes que consideran, por el contrario, que estos gastos corresponden por completo a la entidad bancaria (SAP Las Palmas de Gran Canaria de 21 de julio de 2020).

Gastos registrales

En la mencionada sentencia de 24 de julio, con el mismo criterio, el Supremo considera que los gastos derivados de la inscripción de la hipoteca en el Registro, corresponden íntegramente a la entidad bancaria (según la norma 8. ª del Anexo 11  del Real Decreto 1427/1989,  de 17 de noviembre), dado que el arancel de los Registradores  de la propiedad  los imputa directamente  a la parte a la que se le anote el derecho (en este caso, la garantía hipotecaria se inscribe a favor del banco prestamista).

Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD)

En este caso, la norma es muy clara. Los gastos de escritura de hipoteca que hayan sido constituidas con anterioridad al 1 de noviembre de 2018, fecha en que entró en vigor  la  modificación  del artículo 29 del TRLITP y AJD, corresponden al prestatario. En hipotecas escrituradas posteriormente, corresponden al prestamista.

Laura Palmero EstebanéReclamación de gastos hipotecarios
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El Boletín Oficial del Estado publica la Ley que regula el teletrabajo

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles la Ley que regula el TELETRABAJO.
Entre sus contenidos más relevantes destacan los siguientes:

  • El teletrabajo será al menos el 30 por ciento de la jornada (casi dos días, en una jornada de cinco).
  • El tiempo de vigencia será la duración que establezca el convenio, pero como máximo será de 3 años.
  • El trabajo a distancia deberá ser compensado por la empresa y no podrá suponer gastos al trabajador.
  • El trabajo a distancia será voluntario y reversible y requerirá la firma de un acuerdo por escrito.
  • Los empleados que trabajen a distancia tendrán los mismos derechos que los presenciales, entre ellos, el derecho a la formación.
  • La negativa de un trabajador no será causa de la extinción de la relación laboral ni de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
  • Las personas que trabajen a distancia desde el inicio de la relación laboral tendrán prioridad para ocupar una vacante libre de manera presencial.
  • Se deberá emitir un informe de evaluación de riesgos del puesto de trabajo, que alcanzará la zona habilitada para la prestación del servicio.
  • En ningún caso, la aplicación de la norma podrá perjudicar a las condiciones que vinieran disfrutando los trabajadores a distancia antes de la nueva ley.
    Las empresas tendrán 20 días contados desde su publicación en el BOE para adaptar sus condiciones a la nueva norma.
Esther Sánchez SánchezEl Boletín Oficial del Estado publica la Ley que regula el teletrabajo
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La Seguridad Social aplicará la tarifa plana a los autónomos de sociedades

Los trabajadores por cuenta ajena que sean socios en sociedades mercantiles, los llamados autónomos societarios, ya tienen derecho a acogerse a la conocida como tarifa plana, hasta ahora solo reservada a aquellos autónomos que estuvieran dados de alta como personas físicas. 

La tarifa plana, fue aprobada en 2013 y supone una reducción importante para los autónomos, pagando una cuota inicial durante el primer año de actividad de solo 60 €, los seis siguientes con una reducción del 50% de la base de cotización y los otros seis con una reducción del 30%. Tras estas reducciones, el autónomo pasa a abonar 290 € al año.

Las asociaciones de autónomos llevaban desde entonces reclamando la equiparación de condiciones en este sentido con otros colectivos de autónomos, ya que encontraban la medida discriminatoria para los autónomos societarios, además de frenarlos a la hora de iniciar la actividad. 

Finalmente, la Tesorería General de la Seguridad Social, ha cambiado el criterio tras tres sentencias del Tribunal Supremo en contra. Así, la pasada semana emitió un comunicado en el que ordena que todas las nuevas solicitudes, tanto de personas físicas como de autónomos societarios se tramiten bajo el régimen de tarifa plana. 

Este nuevo criterio, además de aplicarse a partir de ahora a todas las nuevas altas, también se aplicará a los Recursos de Alzada que estén pendientes de resolución, que serán estimados y a aquellos en los que hubiera recaído resolución denegatoria. Únicamente se procederá a su revisión si se solicita por los interesados.

Aunque se prevé una importante avalancha de reclamaciones, hay que tener en cuenta que, según la Ley General de la Seguridad Social, las reclamaciones por ingresos indebidos prescriben a los cuatro años; así, únicamente podrán reclamar las cotizaciones extra aquellos autónomos societarios que se dieran de alta después de septiembre de 2016. 

En cualquier caso, las asociaciones de autónomos han acogido con satisfacción la medida. 

En Vázquez y Manchón, contamos con la experiencia necesaria para asesorar a aquellos autónomos societarios que quieran realizar una reclamación a la Tesorería General de la Seguridad Social.

 

Ana María Villalobos GuerreroLa Seguridad Social aplicará la tarifa plana a los autónomos de sociedades
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Principales novedades de ámbito tributario introducidas por el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo

Principales novedades de ámbito tributario introducidas por el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo.

  1. Intereses de demora de aplazamientos:

Se amplía a 4 meses el plazo de no devengo de intereses para los aplazamientos presentados a partir de la entrada en vigor de los artículos 14 del RD-ley 7/2020, de 12 de marzo, y 52 del RD-ley 11/2020m de 31 de marzo.

  1. Cuentas anuales:

Se establece un plazo de 3 meses a contar desde el 1 de junio de 2020 para la formulación de las cuentas anuales. El anterior decreto establecía el plazo de 3 meses contados desde la fecha de finalización del estado de alarma.

Adicionalmente, se reduce a 2 meses el plazo para aprobar las cuentas anuales, para todas las sociedades, sean o no cotizadas; por lo que, las cuentas tienen que estar aprobadas dentro de los 10 primeros meses del ejercicio.

3.- Presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades:

Los contribuyentes presentarán la declaración en el plazo previsto en el apartado 1 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Si a la finalización del plazo, las cuentas no hubieran sido aprobadas, la declaración se hará con las cuentas anuales disponibles. Se entiende por cuentas anuales disponibles, la contabilidad disponible llevada de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o con lo establecido en las normas por las que se rijan.

En caso de que la autoliquidación del impuesto difiera de la presentada en el plazo ordinario, es decir, que las cuentas anuales hayan variado con respecto a la presentación anterior; los contribuyentes presentarán una nueva autoliquidación con plazo hasta 30 de noviembre de 2020.

Si la nueva declaración presentada es complementaria producirá efectos desde el día siguiente a la finalización del plazo previsto en el artículo 124.1 de la LIS. Si no tiene la consideración de complementaria, la nueva autoliquidación producirá efectos desde su presentación.

No resultará de aplicación respecto de la nueva autoliquidación las limitaciones a la rectificación de las opciones a que se refiere el artículo 119.3 de la LGT.

En caso de devolución, se aplicará el artículo 127 de LIS. El plazo contará a partir de los 6 meses a partir de la finalización del plazo de nueva autoliquidación (hasta 30 de noviembre). La cantidad por devolver devengará intereses de demora desde el día siguiente a la finalización del plazo voluntario hasta que se ordene el pago de la devolución.

Sergio Valero AlmodóvarPrincipales novedades de ámbito tributario introducidas por el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo
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Campaña de la Renta 2019. Plazos y principales novedades

El pasado día 1 de abril comenzó la campaña de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2019, momento a partir del cual se pueden solicitar los datos fiscales, comprobar si tenemos obligación de realizar dicha declaración y presentar.

Una de las principales novedades este año es, por un lado, el aumento del límite de la obligación de declarar en rendimientos del trabajo en varios supuestos (por ejemplo, cuando las rentas procedan de más de un pagador) hasta 14.000 euros. Por otro, el cambio en el modelo de tributación de los premios, que este año estarán exentos aquellos cuyo importe sea igual o inferior a 20.000 euros. Otra novedad a tener en cuenta es la inclusión de una solicitud de confirmación del domicilio fiscal, previa a la emisión de los datos fiscales, que solicita Hacienda al contribuyente.

¿Cuáles son las fechas clave de la Campaña de la Renta 2019?

  • 1 de abril: inicio del plazo de presentación de declaraciones de Renta y Patrimonio 2019.
  • 25 de junio: fecha límite para domiciliar las declaraciones con resultado a ingresar.
  • 30 de junio: último día para presentar la declaración de Renta 2019 y Patrimonio 2019.
  • 5 de noviembre: último día para realizar el ingreso del segundo plazo de la Renta 2019 si el pago es fraccionado.

Debido a la situación actual provocada por el COVID-19, este año Hacienda suprime su servicio, al menos temporalmente, de atención presencial mediante cita previa, por lo que los ciudadanos únicamente podrán ser atendidos por teléfono.

En este sentido, en Vázquez & Manchón seguiremos recibiendo la documentación de cada cliente de forma presencial, si no pudiera hacernos llegar esta de forma telemática, siempre atendiendo a las medidas de seguridad establecidas por los servicios de prevención y con cita previa, con el fin de seguir prestando el mejor servicio de forma individualizada, atendiendo todas las dudas o preguntas que puedan surgir y garantizando el cumplimiento de los plazos establecidos por Hacienda que, por el momento, no han sido ampliados como ha sucedido con otros impuestos.

Juan Leandro Manchón VázquezCampaña de la Renta 2019. Plazos y principales novedades
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Aprobación del Real Decreto – Ley 16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia

Ayer se aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto – Ley 16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Estas medidas pretenden ser un plan de choque para tratar de agilizar la acumulación de los procedimientos suspendidos una vez se levante la situación del estado de alarma. En este sentido, se habilita el mes de agosto, y también las tardes, para juicios.

Además, ante la previsión de un aumento de empresas que entren en concurso por la crisis, el Real Decreto – Ley ha flexibilizado los plazos y los procedimientos concursales destinados a evitar la liquidación de empresas. Según explica el Real Decreto – Ley, la intención es evitar que empresas que podrían ser viables, se liquiden a causa de la situación actual, destruyendo puestos de trabajo y afectando al tejido productivo.

Respecto a la ampliación de los plazos, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020.

Además, se prevé que, a efectos de la causa legal de disolución por pérdidas, no se computen las del ejercicio 2020. Si el resultado del ejercicio 2021 dejan el patrimonio neto reducido a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio.

También se modifica el convenio concursal: durante el año siguiente a contar desde la declaración del estado de alarma, el concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio que se encuentre en periodo de cumplimiento, o durante los tres meses que sigan a cuantas solicitudes de declaración de incumplimiento del convenio se presenten por los acreedores

En caso de liquidación, durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, el deudor no tendrá el deber de solicitar la liquidación de la masa activa cuando conozca la imposibilidad de cumplir con las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal, siempre que el deudor presente una propuesta de modificación del convenio y esta se admita a trámite dentro de dicho plazo.

Respecto a los acuerdos de refinanciación, durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, el deudor que tuviere homologado un acuerdo de refinanciación podrá poner en conocimiento del juzgado que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar o renovar el acuerdo en vigor aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación. Asimismo, durante los seis meses siguientes a que quede sin efecto el estado de alarma, el juez dará traslado al deudor de las solicitudes de declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación presentado por los acreedores, pero no las admitirá a trámite que pase un mes desde la finalización de dicho plazo de seis meses; en ese mes el deudor podrá poner en conocimiento del juez que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores.

Como siempre, desde Vázquez y Manchón nos comprometemos a manteros informados de las últimas novedades legales y fiscales que se produzcan para paliar los efectos de la crisis por COVID-19.

Sergio Valero AlmodóvarAprobación del Real Decreto – Ley 16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
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