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Límites a la compensación de bases imponibles negativas en el IS

La ley del Impuesto sobre Sociedades permite compensar, con las rentas positivas de los periodos impositivos siguientes, las bases imponibles negativas que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación. Además, se permite la compensación ilimitada en el tiempo de estas. Eso sí, con una regulación cuantitativa.

Los límites aplicables a la compensación se establecen en función del importe neto de la cifra de negocios durante los doce meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, y son las siguientes:

  • Cifra de negocios inferior a 20 millones de euros: 70% de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización (60% para períodos impositivos de 2016 en adelante).
  • Cifra de negocios igual o superior a 20 millones e inferior a 60 millones de euros: 50%.
  • Cifra de negocios igual o superior a 60 millones de euros: 25%.
  • En todo caso, se podrán compensar en el periodo impositivo hasta el importe de 1 millón de euros. Aquí han de excluirse las bases imponibles negativas objeto de compensación con rentas de quitas o esperas acordadas con los acreedores no vinculados.

Este límite no operará en el periodo impositivo en que se produzca la extinción de la entidad, salvo que sea una operación de reestructuración a la que resulte aplicable el régimen fiscal especial recogido en el Capítulo VII del Título VII de la Ley del Impuesto.

  • Para periodos impositivos con una duración inferior al año, las bases imponibles máximas a compensar se calculan multiplicando 1 millón de euros por la proporción existente entre la duración del periodo impositivo respecto del año.
  • Las entidades de nueva creación no aplicarán las limitaciones a la compensación en los 3 primeros periodos impositivos en que se genere una base imponible positiva previa a su compensación.
  • Tampoco resultará de aplicación esta limitación en el importe de las rentas correspondientes a la reversión de las pérdidas por deterioro, siempre que dichas pérdidas representen el 90% de los gastos deducibles del periodo en que se generaron.

No podrán compensarse bases imponibles negativas cuando:

  1. La mayoría del capital social sea adquirido por personas o entidades vinculadas, con posterioridad a la conclusión del período impositivo al que corresponde la base imponible negativa.
  1. Dichas personas o entidades hayan tenido una participación por debajo al 25% en el momento de la conclusión del período impositivo al que corresponde la base imponible negativa.
  1. La entidad adquirida se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:
  • Que no realizara actividad económica alguna dentro de los 3 meses anteriores a la adquisición.
  • Que realizara en los 2 años posteriores una actividad económica diferente o adicional (asignación de un grupo diferente de la CNAE) a la realizada con anterioridad, que supusiera, un importe neto de la cifra de negocios en esos años posteriores superior al 50 % del importe medio de la cifra de negocios de la entidad correspondiente a los 2 años anteriores.
  • Que se trate de una entidad patrimonial.
  • Que la entidad haya sido dada de baja en el índice de entidades por no presentar durante 3 períodos impositivos consecutivos la declaración del Impuesto.

Si tienes dudas sobre el Impuesto de Sociedades, en Vázquez y Manchón podemos ayudarte a entender cómo funciona y si puedes beneficiarte o no, por ejemplo, de aplicar dichas compensaciones.

 

Sergio Valero AlmodóvarLímites a la compensación de bases imponibles negativas en el IS
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Tributación de ganancias con criptomonedas

El mercado de las criptodivisas está más activo que nunca. Según la Statista Global Consumer Survey, el 10 % de la población española ya usa o posee criptomonedas.

Con el auge de las monedas virtuales surge la necesidad de regular las obligaciones de los contribuyentes respecto a los diferentes impuestos devengados por su compraventa (Las actividades que giran en torno a las criptomonedas como, por ejemplo, el “minado”, la custodia, o el “staking” recibirán un tratamiento fiscal diferente).

En cuanto al IRPF, la Agencia Tributaria ha decidido este año incluir en el modelo un apartado específico destinado a registrar los saldos de monedas virtuales, que hasta ahora aparecían incluidos dentro del apartado genérico de demás bienes y derechos de contenido económico. Los movimientos con criptomonedas se consideran generalmente ganancias y pérdidas patrimoniales o rendimientos del capital mobiliario, por lo que la novedad no es el tener que declararlos, sino el hecho de que haya un apartado específico para hacerlo.

Ya sea por transmisión a cambio de dinero o de otras criptomonedas, la compraventa generará una pérdida o una ganancia patrimonial a reflejar en la declaración del impuesto.

Por su parte, con respecto al Impuesto sobre el Patrimonio las criptomonedas deberán declararse en el mismo, valorándose a su precio de mercado en euros en la fecha de devengo del impuesto.

Por último, con respecto al IVA, según consultas recientes de la Dirección General de Tributos, los servicios financieros relacionados con las criptomonedas, al considerarse medios de pago, están exentos.

Las criptomonedas son un fenómeno relativamente nuevo y su viabilidad a largo plazo aún es incierta. Sin embargo, tienen un gran impacto en el sistema financiero y en la forma en que interactuamos con el mundo digital. Cabe esperar en los próximos años un aumento de su regulación a medida que vayan evolucionando.

En Vázquez y Manchón podemos ayudarte a resolver las dudas que puedan surgirte al respecto, así como incluir en tu declaración de la renta tus rendimientos obtenidos a través de Criptoactivos, si es tu caso, asegurándote un correcto tratamiento fiscal en tu declaración en un tema que puede resultar algo complejo.

Laura Palmero EstebanéTributación de ganancias con criptomonedas
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No existe un plazo específico de prescripción para el ejercicio del derecho a instar la ejecución de las resoluciones emitidas por los Tribunales Económico-Administrativos

(TEAC, de 15-07-2019, RG 2147/2016)

En este artículo comentamos un caso relacionado con el plazo de prescripción del derecho a instar la ejecución de las resoluciones emitidas por los Tribunales Económico-Administrativos. 

En particular, versa sobre una resolución estimatoria del TEAR de Cataluña de 14 de diciembre de 2006 sobre IVA y subvenciones que nunca llegó a ejecutarse por la Administración. En 2015, una de las partes afectadas solicitó una rectificación de la declaración fiscal presentada en 2006. La administración desestimó este hecho por considerarse prescrito según la Ley General Tributaria, que contempla cuatro años como plazo de prescripción. Sin embargo, al no tratarse de un acto tributario, sino de la ejecución de una sentencia, no aplicaría dicho plazo de prescripción, sino el que se establece por el Derecho Común (15 años conforme señala el artículo 1964.2 del Código Civil), por lo que en la misma el TEAR estima la pretensión del recurrente y por ello se ordena la anulación de los acuerdos impugnados y la retroacción de las actuaciones.

Esto se debe a que el TEAC tiene en consideración que lo que el interesado instó fue la ejecución de una resolución económico-administrativa, cuyo plazo de prescripción de este derecho no se especifica en la normativa tributaria, por lo que procede aplicar el general, y a la fecha de solicitud de reanudación de la ejecución, no habiendo prescrito tal derecho, procede continuar con la mencionada actuación para ejecutar lo que determina en su resolución el TEAR.

En otras palabras, en la sentencia se señala que el derecho a instar la ejecución de esta no prescribe a los 4 años, según indica la LGT, sino conforme al plazo de prescripción general que establece el Derecho Común, (15 años, conforme al artículo 1964.2 del Código Civil), ya que prevalece el plazo establecido por el Derecho Común sobre los establecidos por el Derecho Tributario.

 

Laura Palmero EstebanéNo existe un plazo específico de prescripción para el ejercicio del derecho a instar la ejecución de las resoluciones emitidas por los Tribunales Económico-Administrativos
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Modificación de la base imponible en el ITPAJD y el ISD

El pasado 1 de enero de 2022 entró en vigor el apartado de la Ley 11/2021 del 9 de julio, de medidas destinadas a prevenir el fraude fiscal, que modifica la base imponible en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITPAJD) y el impuesto de sucesiones y donaciones (ISD).

Esta nueva regulación, que afecta tanto a las operaciones de compraventa como a las donaciones inter-vivos y a los procesos sucesorios o hereditarios, no afecta sin embargo a aquellos impuestos que tengan como referencia el valor catastral, como el IBI o la plusvalía municipal.

Con esta regulación, el valor de referencia del catastro se convierte en la base imponible del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) así como del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD). Respecto a este valor, el mismo no podrá superar el valor de mercado.

La Dirección General del Catastro es la encargada de determinar de forma objetiva y con el límite del valor de mercado, a partir de los datos del Catastro, el valor de referencia, y este se obtiene del análisis de los precios comunicados por los notarios en las compraventas inmobiliarias efectuadas, realizándose valoraciones individuales según las características de cada inmueble.

En este sentido, dicho valor de referencia solo afecta a aquellos que adquieran un inmueble desde el 1 de enero de 2022, y a la vez tenga que tributar, bien por el ITPAJD, bien por el ISD.

Esta regla también se aplica en el Impuesto sobre el Patrimonio para aquellos inmuebles en cuya adquisición, onerosa o lucrativa, la base imponible haya sido el valor de referencia del catastro; es decir, únicamente puede afectar al Impuesto sobre el Patrimonio en lo que se refiera a inmuebles adquiridos desde el 1 de enero de 2022, en ningún caso al patrimonio previamente existente.

Otra de las cosas a destacar, a diferencia de lo que venía ocurriendo anteriormente, es que en el caso de que el contribuyente no esté de acuerdo con este nuevo valor de referencia, deberá demostrarlo, es decir, la carga de la prueba recae sobre este, quien deberá demostrar si hay discrepancia entre el valor de referencia de Catastro y el valor de mercado. Hasta ahora era la Administración la obligada a probar que el valor por el que había tributado el contribuyente no era el valor real del inmueble.

Si estás pensando en tramitar una compra, venta o donación, entre otros procedimientos, es importante tener en cuenta estas novedades para evitar incurrir en error a la hora de liquidar los impuestos correspondientes. Desde Vázquez & Manchón te asesoramos y acompañamos desde el inicio de la transacción, asegurando una correcta cumplimentación y presentación de estos.

Laura Palmero EstebanéModificación de la base imponible en el ITPAJD y el ISD
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IVA: requisitos de los créditos incobrables para la modificación de la base imponible

La ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido en su artículo 80.4, establece una serie de requisitos para la modificación de la base imponible en el caso de créditos total o parcialmente incobrables.

Un crédito se considera total o parcialmente incobrable, cuando concurran las condiciones siguientes:

  1. Que haya transcurrido un año desde el devengo del impuesto sin que se haya obtenido el cobro total o parcial del crédito. Cuando el titular del derecho de crédito sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones no exceda de 6.101.121,04 euros durante el año inmediato anterior, este plazo será de 6 meses o un año. Si se trata de una operación a plazos, será necesario que transcurra un plazo de 6 meses o un año desde el vencimiento de plazo o plazos hasta la fecha de devengo de la operación.
  2. Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los Libros Registros de IVA.
  3. Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o que la base imponible de la misma sea superior a 300 euros IVA excluido.
  4. Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial o requerimiento notarial al deudor, incluso si se trata de Entes públicos (en este caso, la reclamación judicial o requerimiento notarial, será sustituida por una certificación expedida por el órgano competente del Ente público deudor).

La doctrina del Tribunal Económico-Administrativo Central dicta que, en cuanto al requerimiento notarial, no es suficiente el acta notarial de envío de correo certificado. En opinión del Tribunal, “Las actas de remisión de documentos se limitan a acreditar el hecho del envío, el contenido del documento y la fecha de entrega o su remisión por procedimiento técnico, y no confieren derecho a contestar en la misma acta. Las actas de requerimiento tienen por objeto transmitir una información o decisión a una persona intimando al requerido para que adopte una determinada conducta y se notifican mediante personación del notario en el lugar de notificación (o por correo certificado si no lo impide una norma legal) y contienen una diligencia en la que se hace constar el intento de traslado de la petición por el notario, el medio empleado y su resultado, así como la contestación del requerido.

Por último, no se podrá modificar la base imponible entre otros casos los siguientes:

  • Créditos que disfruten de garantía real.
  • Créditos afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca.
  • Créditos entre personas o entidades vinculadas definidas en el art. 79.5 de la Ley del IVA.
  • Cuando el destinatario de las operaciones no esté establecido en el territorio de aplicación del impuesto.
  • Con posterioridad al auto de declaración de concurso con respecto a cuotas repercutidas por operaciones con devengo anterior a dicho auto.
Sergio Valero AlmodóvarIVA: requisitos de los créditos incobrables para la modificación de la base imponible
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Interposición de sociedades por personas físicas

Uno de los fines perseguidos por la Agencia Tributaria es el control de las obligaciones tributarias mediante la correcta aplicación de las normas. En el caso de la interposición de sociedades por personas físicas, el objetivo de la Agencia Tributaria es garantizar la regularización de las sociedades instrumentales; es decir, aquellas que han sido constituidas para llevar a cabo actividades que realmente lleva a cabo una persona física, pero bajo el paraguas de una sociedad para aprovecharse de sus ventajas fiscales.

Según lo recogido en la ley, un contribuyente tiene libertad para elegir libremente la forma en la que decide desempeñar su actividad, sea como persona física o como sociedad. Sin embargo, esta libertad no implica que la AEAT acepte la validez jurídica de cualquier operación de una persona física a través de una sociedad. A este efecto, la administración deberá verificar que esta práctica no tiene como objeto reducir la carga fiscal mediante el uso de la sociedad.

Por este motivo, la administración deberá determinar si los medios materiales y humanos a través de los que se desempeña la actividad son titularidad de la persona jurídica o de la física. En el caso de que ambas figuras jurídicas tengan dichos medios, habrá que revisar si la sociedad en efecto interviene en la realización de las operaciones.

Si la sociedad no dispusiera de estructura para desempeñar la actividad profesional, o aún teniéndola se comprobara que no existe intervención de la misma en la realización de las actividades, se consideraría la sociedad como una mera interposición formal, por lo que la AEAT debería regularizarla según la figura de simulación establecida en el artículo 16 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Sin embargo, en el caso de que se determine que la entidad cuenta con medios materiales y personales adecuados y que realmente ha tomado parte en el desarrollo de la actividad, debe analizarse si las prestaciones prestadas se han valorado conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Cuando la Agencia Tributaria detecte una incorrección en dicha valoración, deberá regularizar, o en su caso sancionar los supuestos en los que exista una ilícita reducción de la carga fiscal derivada de una incorrecta valoración de las operaciones.

Además, en la nota publicada por la AEAT, se recoge un apartado sobre el remansamiento de rentas en estructuras societarias. En este apartado, se presta especial atención a la confusión que puede existir a veces entre el patrimonio del socio el de la sociedad, dado que en ciertas ocasiones la sociedad suele hacer uso de viviendas o vehículos del socio sin ningún contrato previo.

Todas estas conductas que se encuentren fuera de la regulación podrían acarrear contingencias regularizables en el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el IVA y el Impuesto sobre el Patrimonio.

Dada la complejidad de la gestión que esto supone, en Vázquez & Manchón podemos asesorarte sobre la correcta organización y contabilidad de tu empresa o negocio, tanto si eres autónomo como si has constituido algún tipo de sociedad, ofreciendo un seguimiento integral y de calidad. ¡No dudes en contactar con nosotros!

 

Laura Palmero EstebanéInterposición de sociedades por personas físicas
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Incentivos fiscales para el Impuesto sobre Sociedades

La Ley 27/2014, de 17 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, establece una serie de bonificaciones y deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades.  Destaca la eliminación de determinados incentivos considerados innecesarios, potencia otros ya existentes e introduce dos nuevos relacionados con el patrimonio neto.

A continuación, se detallan las modificaciones introducidas y las que actualmente siguen vigentes:

  • Se mantienen eliminadas las deducciones por inversiones medioambientales, por reinversión de beneficios extraordinarios y por inversión de beneficios.
  • Como novedad para el periodo impositivo 2020, y con el fin de adaptar la deducción por inversiones en producciones audiovisuales extranjeras a lo que dicta la Comisión Europea, se incorpora la fase de producción para producciones de animación, consistente en la deducción del 30% de la base, cuando el productor se encargue de la ejecución de efectos visuales y los gastos realizados en territorio español no superen el millón de euros. Se mantiene el porcentaje de deducción por inversiones para el resto de las producciones cinematográficas y series audiovisuales al 20% para el primer millón de euros.
  • Otra novedad para el periodo impositivo 2020, consiste en la adaptación de la libertad de amortización al contexto del brote de COVID-19. Consiste en la aplicación de un incentivo para inversiones en elementos nuevos de inmovilizado material efectuadas y que entren en funcionamiento en los periodos impositivos que concluyen entre el 2 de abril de 2020 y el 30 de junio de 2021. Así mismo, se adapta a la Comisión Europea (Reglamento UE 651/2014) el incremento de la deducción en innovación en procesos de cadena de valor de la industria del automóvil.
  • Se mantiene la Reserva de capitalización. Esta consiste en la no tributación de aquella parte del beneficio que se destine a la constitución de una reserva indisponible, sin que se establezca requisito de inversión. Esta medida pretende potenciar la capitalización empresarial mediante un incremento del patrimonio neto. En concreto supone una reducción en la base imponible del 10% del importe incrementado en los fondos propios. Todo ello, atendiendo a los siguientes requisitos:

– Que el importe del incremento de los fondos propios se mantenga durante 5 años desde el cierre del periodo impositivo al que corresponda la reducción, salvo por la existencia de pérdidas contables.

– Que se dote una reserva indisponible por el importe de la reducción durante el plazo previsto anterior.

  • Compensación de bases imponibles negativas. Destacando la aplicabilidad de las bases imponibles en un futuro sin límite temporal, con una limitación del 70% de la base imponible previa a su compensación y admitiéndose, en todo caso, un importe mínimo de 1 millón de euros. Como contrapartida, el plazo que dispone la AEAT para comprobar la procedencia de la compensación sigue establecido en 10 años.
  • Para las entidades de reducida dimensión, se mantiene la reserva de nivelación de bases imponibles negativas, con el objetivo de favorecer la competitividad y la estabilidad de la empresa española. Esta reserva, permite anticipar la aplicación en un periodo impositivo de bases imponibles negativas que se generen en los 5 años siguientes, minorando la base imponible positiva de ese periodo hasta un 10% de su importe. De no generarse bases imponibles negativas, se produce un diferimiento durante 5 años de la tributación de la reserva constituida.
  • Se mantiene, la deducción por investigación, desarrollo e innovación tecnológica y la deducción por creación de empleo, incluyendo la correspondiente a los trabajadores con discapacidad.
Sergio Valero AlmodóvarIncentivos fiscales para el Impuesto sobre Sociedades
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Tributación de socios profesionales a sociedad en IRPF e IVA

En ocasiones, surgen dudas sobre cómo deben ser la remuneración de los socios de sociedades profesionales. En este sentido, nos centraremos en dos impuestos principales, IRPF e IVA.

IRPF

Si el cargo de administrador es remunerado, la Ley del Impuesto establece claramente que en todo caso tendrán la consideración de rendimientos del trabajo las retribuciones de los administradores y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y demás miembros de otros órganos representativos.

Pero, ¿qué pasa con las actividades prestadas por la sociedad profesional a través de sus socios? Dichas actividades tendrán la consideración de actividades económicas (y no rendimientos del trabajo) siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

  • De ámbito subjetivo: la sociedad debe dedicarse a la prestación de servicios profesionales (y no empresariales), es decir, la actividad en la que esté dada de alta debe estar incluida en la Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto de Actividades Económicas.
  • De ámbito objetivo: el socio por medio del cual la sociedad preste sus servicios debe estar de alta en el Régimen especial de Trabadores Autónomos o en una mutualidad de previsión social equivalente.

IVA

En cuanto al IVA, básicamente se consideran sujetos pasivos del impuesto los que realicen con carácter independiente una actividad económica. Dicho de otro modo, no son sujetos pasivos del IVA los asalariados y otras personas que estén vinculadas a la empresa por un contrato de trabajo o por cualquier otra relación jurídica que cree lazos de subordinación en cuanto a condiciones laborales y retributivas y a la responsabilidad de la empresa.

Por lo tanto, podemos concluir que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, si los servicios que presta la sociedad profesional a través de sus socios se consideran rendimientos de actividades económicas y los mismos son considerados sujetos pasivos del IVA, para que la sociedad remunere a sus socios estos deben emitirle factura por dichos trabajos con el IVA correspondiente.

En Vázquez y Manchón estamos a tu disposición para solucionar tus dudas sobre tus obligaciones si eres socio de una sociedad profesional.

 

Sergio Valero AlmodóvarTributación de socios profesionales a sociedad en IRPF e IVA
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El registro del salario de los empleados, obligatorio en todas las empresas

Desde el pasado 14 de abril, todas las empresas estarán obligadas a contar con un registro del salario de sus empleados, lo que incluye a sus cargos directivos. Esta medida, derivada de la entrada en vigor del Real Decreto 902/2020 de 13 de octubre de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, pretende impulsar la transparencia empresarial para acabar con la denominada brecha salarial de género. 

¿Qué datos deben incluirse en el registro?

El registro salarial deberá incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla. Todos estos datos deberán figurar desagregados, tanto por su categoría como por sexo. 

¿Qué periodicidad tendrá el registro?

Aunque estará sujeto a modificación, el plazo temporal para contabilizar el registro salarial será el de un año natural. Los representantes sindicales de la empresa deberán ser consultados con diez días de antelación antes de la elaboración del registro y cuando el registro vaya a ser modificado. 

¿Tendrán acceso los empleados al registro?

En aquellas empresas con representación sindical, los trabajadores tendrán derecho a conocer el contenido completo del registro a través de esta. 

Si no existiera dicha representación, la información estará limitada a aquellos trabajadores que se vieran afectados por dichas medidas.

¿Qué pasa si no cumplo con los requisitos?

Si la media aritmética o la mediana de las retribuciones totales de los trabajadores de un sexo superara a las del otro en, al menos, un 25%, el registro de las empresas deberá completarse con un documento que acredite que la diferencia no se debe a razones de género. 

En Vázquez y Manchón nos ponemos a tu disposición para realizar el registro salarial en tu empresa y evitar eventualidades desagradables.

Esther Sánchez SánchezEl registro del salario de los empleados, obligatorio en todas las empresas
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Prestaciones por Incapacidad Temporal

¿Qué es la prestación económica por Incapacidad Temporal?

La prestación económica por incapacidad temporal (IT) es aquella destinada a cubrir la falta de ingresos derivada de la imposibilidad temporal de un trabajador para trabajar,  ya sea por enfermedad o accidente. Dicha prestación, se incluye dentro de la acción protectora establecida en el Régimen General de la Seguridad Social; así como en los regímenes especiales. 

¿Quiénes pueden ser beneficiarios? 

Las personas integradas en el Régimen General que se encuentren afiliadas o en situación asimilada al alta en el momento de la solicitud, siempre que estén impedidas para el trabajo y reúnan los requisitos. 

Se consideran situaciones asimiladas al alta la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo, el traslado del trabajador por la empresa al extranjero y el convenio especial con el que cuentan diputados, senadores, gobernantes y parlamentarios de las Comunidades Autónomas. 

En el caso de que la incapacidad derive de enfermedad profesional o accidente laboral, se considerarán como afiliadas y en alta. 

¿Cuáles son los requisitos para acceder a ella?

Para poder acceder a la prestación, tienen que cumplirse los siguientes supuestos:

  • En el caso de enfermedad común, tener cubierto un período previo de cotización de 180 días en los 5 años inmediatamente anteriores al hecho causante.
  • En caso de accidente, sea no de trabajo, y de enfermedad profesional, no se requiere de período previo de cotización. 

Prestación económica

Para aquellos trabajadores afiliados al Régimen General de la Seguridad Social, la prestación consiste en un subsidio cuya cuantía está determinada en función de la base reguladora y de los porcentajes que se apliquen a la misma:

Base reguladora 

  • En el caso de incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral, resulta de dividir el importe de la base de cotización del trabajador en el mes anterior al de la fecha de iniciación de la incapacidad entre el número de días a que dicha cotización se refiere.
  • En caso de incapacidad temporal causada por accidente de trabajo o enfermedad profesional, la base reguladora se obtiene a partir de dos sumandos: la base de cotización por contingencias profesionales del mes anterior dividida por el número de días a los que corresponda dicha cotización (sin horas extraordinarias); y la cotización por horas extraordinarias del año anterior, dividida entre 365 días. 

Porcentaje

  • En el caso de enfermedad común o accidente no laboral, desde el 4º día de baja hasta el 20º, ambos inclusive, corresponde el 60% de la base reguladora; y el 75% desde el día 21 en adelante. 
  • En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el día del accidente o enfermedad corre a cargo del empresario de forma íntegra. Desde el día siguiente, corresponderá al 75% de la base reguladora. 

Extinción del derecho

El derecho al subsidio se extinguirá:

  • Por alta médica por curación o mejoría que permita al trabajador reincorporarse a su trabajo habitual.
  • Por el transcurso del plazo de 545 días naturales desde la baja médica.
  • Por reconocimiento de pensión de jubilación.
  • Por ser dado de alta el trabajador, existiendo o no declaración de incapacidad permanente.
  • Por la incomparecencia injustificada del beneficiario de la prestación a los reconocimientos establecidos por los profesionales médicos del INSS o a la mutua correspondiente. 
  • Por fallecimiento del beneficiario.

Reconocimiento del derecho a la prestación

El reconocimiento del derecho a la prestación puede corresponder: 

  • Al INSS, o a la mutua colaboradora con la Seguridad Social que cubra las contingencias comunes y/o profesionales de la empresa de que se trate. 
  • A aquellas empresas que cuenten con autorización para colaborar voluntariamente en la gestión del régimen general, cuando las contingencias estén derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional (contingencias profesionales).

Pago de la prestación

La prestación por incapacidad temporal (IT) corre a cargo del INSS, de la mutua colaboradora  con la Seguridad Social o empresa autorizada para colaborar en la gestión.

El abono de la prestación económica lo efectuará la empresa con la misma periodicidad que el de los salarios. 

Cuando el trabajador se encuentre percibiendo prestaciones contributivas por desempleo y pase a estar en situación de incapacidad temporal, el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), deberá abonar la prestación por incapacidad temporal hasta que finalice la duración de la prestación por desempleo, así como las cuotas correspondientes de la Seguridad Social.

Sistemas especiales (régimen agrario)

Los trabajadores acogidos al régimen agrario cuentan con un sistema especial en cuanto a determinados aspectos de la incapacidad temporal. La primera particularidad reside en que en el régimen agrario la protección por incapacidad temporal está excluida en los períodos de inactividad. 

En cuanto a la base reguladora, durante el tiempo que dure la situación de IT, la cuantía de la base reguladora del subsidio no podrá superar el promedio mensual de la base de cotización correspondiente a los días trabajados durante los 12 meses anteriores a la situación de baja médica. 

En este caso, el pago de la prestación lo realiza directamente el INSS, o la mutua colaboradora con la Seguridad Social que corresponda. 

 

Ana María Villalobos GuerreroPrestaciones por Incapacidad Temporal
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