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Medidas urgentes para el sector agrario

La situación de crisis generada como consecuencia del COVID-19, además de al conjunto de la sociedad, ha afectado profundamente a ciertos sectores productivos, especialmente el sector terciario.

Junto a la reducción de la actividad económica, y la consiguiente disminución de la renta en muchas familias, también se está produciendo  un hecho preocupante para el sector agrario: la disminución de la mano de obra temporera en los campos españoles. Esta disminución obedece a dos factores: por un lado, la imposibilidad de viajar de los temporeros por restricciones sanitarias en sus países de origen a la hora de viajar; por otro lado, las precauciones adoptadas por los mismos trabajadores ante el avance de la pandemia.

Ante esta situación, y a fin de garantizar el normal aprovisionamiento de los mercados, la sostenibilidad agraria, y las mejoras en los ingresos de aquellos que se encuentran en situación de desempleo o cese de actividad; el gobierno ha decretado una serie de medidas urgentes de carácter temporal.

Estas medidas, aprobadas en Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril y recogidas en el BOE de 8 de abril de 2020, tienen por objeto favorecer la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario a través de medidas extraordinarias de flexibilización del empleo. Estas medidas son necesarias para asegurar el mantenimiento de la actividad agraria, y estarán en vigor durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, siendo de aplicación temporal hasta el 30 de junio de 2020.

Esta medida afectará a todos aquellos contratos laborales de carácter temporal siempre que sea para desarrollar actividades por cuenta ajena y dependencia en explotaciones agrarias, independientemente de la ocupación habitual del empleado; siempre que la firma y finalización estén comprendidas en el período indicado anteriormente.

¿Quiénes pueden ser los beneficiarios de estas medidas?

Podrán beneficiarse de las medidas de flexibilización temporal, las personas que a la entrada en vigor del real decreto-ley, estén en alguna de las situaciones que se mencionan a continuación:

  • Personas que se encuentren en situación de desempleo o cese de actividad.
  • Trabajadores cuyos contratos se hayan visto suspendidos de forma temporal como consecuencia del cierre temporal de la actividad.
  • Trabajadores migrantes cuyo permiso de trabajo concluya en el periodo comprendido entre la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y el 30 de junio de 2020, cuya prórroga se determinará a través de instrucciones de la Secretaría de Estado de Migraciones.
  • Jóvenes nacionales de terceros países, que se encuentren en situación regular de entre los 18 y los 21 años.

Además, podrán ser beneficiarios de las medidas de flexibilización aprobadas por este real decreto-ley las personas que residan en lugares próximos a donde se tenga que desarrollar el trabajo. Se entenderá por proximidad el hecho de que el domicilio o lugar de pernoctación del trabajador mientras dure la campaña esté en el mismo término municipal o en términos municipales limítrofes del centro de trabajo.

Compatibilidad de prestaciones laborales

En cuanto a la compatibilidad de las retribuciones percibidas por la actividad laboral que se desempeñe en el marco de estas medidas extraordinarias de flexibilización del empleo establecidas en el presente real decreto-ley serán compatibles en los siguientes casos:

a) Con el subsidio por desempleo regulado en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, según el cual se regula el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. También con la renta agraria regulada en el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura.

b) Con aquellas prestaciones por desempleo que se deriven de la suspensión por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, con arreglo a lo previsto en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; excluyendo aquellas que tengan su origen en las medidas previstas en los artículos 22, 23 y 25 el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

c) Con cualquier otra prestación por desempleo regulada en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

d) Con las prestaciones por cese de actividad motivadas por las causas previstas en el artículo 331 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con exclusión de aquellas que tengan su origen en la medida prevista en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

e) Con cualquier otra prestación de carácter económico o cualquier otro beneficio o ayuda social, otorgada por cualquier Administración que sea incompatible con el trabajo, o que, sin serlo, como consecuencia de la percepción de ingresos por la actividad laboral se excederían los límites de renta señalados en la normativa correspondiente al tipo de prestación.

Las retribuciones percibidas por la actividad laboral que se desempeñe en el marco de estas medidas extraordinarias de flexibilización del empleo establecidas en el presente real decreto-ley serán incompatibles en los siguientes casos:

a) Con las prestaciones económicas de Seguridad Social por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

b) Con las pensiones de incapacidad permanente contributiva, salvo los supuestos de compatibilidad previstos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

c) Con la prestación otorgada por el nacimiento y cuidado de menor de la Seguridad Social, si bien, salvo por lo que respecta al periodo obligatorio de la madre biológica a continuación del parto el periodo obligatorio, o la parte que restara del mismo, se podrá disfrutar desde el día siguiente a la finalización de las prestaciones previstas en el presente real decreto-ley.

Los ingresos obtenidos por esta actividad laboral no se tendrán en cuenta a efectos de los límites de rentas establecidos para las prestaciones contributivas o no contributivas de la Seguridad Social, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas.

En cuanto a las obligaciones del empresario, deberá asegurar en todo momento la disponibilidad de medios de prevención apropiados frente al COVID-19.

Desde Vázquez y Manchón, os mantendremos informados de todas las novedades que puedan producirse a este respecto, para poder asesoraros lo mejor posible en materia laboral.

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Nuevas medidas en materia laboral a raíz del COVID-19

Desde Vázquez y Manchón tenemos el firme compromiso de informar con rigor sobre las últimas medidas en materia laboral aprobadas con motivo de la crisis por COVID-19.

Según lo establecido en el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, se prohíbe a las empresas extinguir el contrato de trabajo o despedir basándose en causas de fuerza mayor o económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada relacionadas con el COVID-19 recogidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Por otra parte, ante la medida del Gobierno de restringir aún más la circulación de personas paralizando cualquier actividad todavía no suspendida por el estado de alarma (menos las esenciales) hasta el 9 de abril incluido, el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, regula un permiso retribuido recuperable para los trabajadores por cuenta ajena, con las siguientes características:

  • Es de carácter obligatorio y su duración se establece desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril (ambos incluidos).
  • Los trabajadores conservarán el derecho a la retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicio, incluyendo el salario base y los complementos salariales.
  • La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.
  • En caso de fuerza mayor y si es necesario, se podrá establecer un número mínimo de plantilla indispensable con el fin de mantener la actividad.

Según la Orden SND/307/2020, de 30 de marzo, la restricción de 2 semanas de confinamiento sólo se aplica a trabajadores por cuenta ajena, por lo que no será de objeto de aplicación a los trabajadores por cuenta propia que presten servicios indispensables y necesarios para el correcto desarrollo de actividades esenciales (por ejemplo, limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia).

Además, según lo aprobado en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se establecen las siguientes medidas respecto al plazo de los pagos a la Seguridad Social por parte de empresas y trabajadores por cuenta propia:

  • Por un lado, se otorga a aquellos que lo soliciten y cuya actividad no haya sido suspendida por el estado de alarma una moratoria de seis meses, sin interés, del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.
  • Por otro, podrán solicitar el aplazamiento de sus deudas con la Seguridad Social que venzan entre abril y junio de 2020, siempre y cuando no tengan en vigor otro aplazamiento.

Seguiremos informando sobre nuevas medidas conforme vayan siendo anunciadas para manteneros al día de cualquier acontecimiento relevante que afecte al desarrollo de la actividad empresarial y profesional.

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Medidas urgentes decretadas para minimizar el impacto del Covid-19

A raíz de las nuevas medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 adoptadas por el Gobierno de España durante los últimos días, desde Vázquez y Manchón queremos hacer un repaso por las más relevantes para autónomos y empresas.

Medidas extraordinarias para autónomos

Los trabajadores por cuenta propia podrán solicitar la prestación extraordinaria por cese de actividad, según lo que establece el RD-LEY 8/2020 de 17 de marzo.

A este respecto, pueden darse dos tipos de situaciones:

  1. Los autónomos que realicen actividades suspendidas por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo de 2020.
  1. Los demás que vean reducida su facturación en al menos un 75%, en relación con el promedio del semestre anterior. En este supuesto, con la solicitud deberá demostrarse dicha disminución en facturación.

Para ambos supuestos, se establecen una serie de particularidades:

  • La duración de la prestación es de un mes, que se podrá ampliar si se prorroga el estado de alarma hasta el último día del mes en el que este finalice.
  • La cuantía de la prestación se calculará aplicando el 70% a la base reguladora de los últimos 12 meses. Si el autónomo no tuviera un periodo mínimo de cotización, el cálculo se realizará aplicando el 70% a la base mínima de cotización para los autónomos, que actualmente es de 944,40 €.
  • El tiempo durante el que se perciba la prestación se entenderá como cotizado, aunque no se tendrá la obligación de cotizar.
  • Los autónomos que perciban la prestación por cese de actividad no tendrán que abonar sus cuotas de la Seguridad social mientras dure la prestación.
  • La prestación es INCOMPATIBLE con otra prestación de la seguridad social.
  • Para solicitar esta prestación, no será necesario causar baja en la Seguridad Social y tampoco se necesita tener un periodo mínimo de cotización.

El principal requisito para acceder a la prestación es estar afiliado y en situación de alta en la seguridad social a fecha de 14 de marzo de 2020.

Medidas urgentes y extraordinarias en materia laboral

El mismo Real Decreto prevé la flexibilización de ERTES (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) para suspender o reducir las relaciones laborales durante un tiempo, sobre todo por causa de fuerza mayor: cuando el estado de alarma implique suspensión o cancelación de actividades. Entre sus ventajas, aparte de la agilización del trámite:

  • Para la empresa, se exonera de su obligación del pago de cuotas de la Seguridad Social;
  • Para el trabajador, ese período tendrá la consideración de cotizado y a la vez tendrá derecho a la prestación por desempleo.

Para poder aplicar estas ventajas, se requiere que la empresa se comprometa a mantener al empleado afectado de alta un mínimo de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

No obstante, un ERTE bajo las presentes circunstancias no es la única opción, ya que la legislación actualmente prevé varias alternativas.

Plazos tributarios

Los plazos de presentación e ingreso de las autoliquidaciones y los plazos de presentación de las declaraciones informativas no se ven afectados a día de hoy por la suspensión de plazos regulados en el Real Decreto-ley 8/2020. No obstante, se han adoptado medidas de flexibilización de aplazamientos, en el caso de que las autoliquidaciones resulten a pagar.

En Vázquez y Manchón permaneceremos muy atentos a las posibles novedades que puedan darse en los próximos días, para así poder asesoraros de la forma más eficaz.

 

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Aviso importante para nuestros clientes

Informamos a nuestros clientes que durante la vigencia del estado de alarma, nuestra oficina permanecerá cerrada al público, por lo que no nos será posible atenderles en persona.

Les seguiremos atendiendo como es habitual por vía telefónica y correo electrónico.

Aprovechamos la ocasión para desearles una tranquila y saludable cuarentena.

Un cordial saludo,

El equipo de Vázquez y Manchón

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Subida del SMI a 950€

La última actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros, cerrada este miércoles por el Gobierno y los agentes sociales, ratifica a España como uno de los países ‘top’, en este sentido, de la Unión Europea.

Más allá de si subir el SMI crea o destruye empleo, enfoque en el que se ha centrado el debate hasta ahora, resta la incógnita sobre qué impacto está teniendo la evolución del SMI en la pobreza laboral.

 


Actualización 5-2-2020

Hoy día 5 de febrero 2020 ha sido publicado en el BOE, el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el SMI 2020 en 950 euros en 14 pagas (13.300 euros), como veníamos anticipando.

La vigencia del SMI, estará comprendida desde el 01/01/2020 al 31/12/2020, siendo aplicado con carácter retroactivo desde el mes de enero 2020.

Para cualquier consulta, no dudes en contactar con los profesionales de Vázquez y Manchón.

Esther Sánchez SánchezSubida del SMI a 950€
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El ciudadano podrá acudir al gestor administrativo para solicitar el duplicado del carnet de conducir

El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos y la DGT han firmado un acuerdo por el que los Gestores Administrativos podrán tramitar la solicitud del duplicado del carnet de conducir. De esta forma, se pretenden reducir los plazos para la obtención del duplicado, al no ser obligatoria la petición de cita previa ante la DGT.

Gloria Lardón RíosEl ciudadano podrá acudir al gestor administrativo para solicitar el duplicado del carnet de conducir
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